La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Eduardo Zaplana, exministro del Gobierno del PP de José María Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana, a diez años y cinco meses de prisión.
En respuesta a esta condena, la diputada Ana Alós ha minimizado la importancia del caso, afirmando que "es un caso de hace 20 años". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha señalado que se debe "ver todo lo que ha sucedido hace 20 años", sugiriendo que el enfoque en la corrupción del pasado intenta desviar la atención de los problemas actuales del gobierno.
Alós ha expresado su preocupación por lo que percibe como una campaña de desprestigio, señalando que "imaginamos que al gobierno y al PSOE les interesa más hablar de una corrupción que de lo que está ocurriendo en estos últimos cinco años que les afecta a ellos". Ayuso ha respaldado esta crítica, sugiriendo que "llega en un momento perfecto para que el gobierno intente despistar", insinuando que la oposición busca desviar la atención de sus propias fallas.
No obstante, es importante considerar el contexto de estas declaraciones. Escándalos como Erial, Gürtel, Lezo y Púnica han marcado la historia del PP durante más de una década, y el partido no puede escapar de su legado. Los juicios por corrupción han sido prolongados, y aunque la justicia finalmente ha llegado, ha sido de manera lenta. Por ejemplo, la condena de Eduardo Zaplana se refiere a hechos que datan de 1997, y su sentencia, esperada durante años, llegó en 2024, casi tres décadas después de la comisión del delito.
Otros casos de corrupción del PP
La trama Gürtel, cuyos hechos se remontan a 1999, comenzó a ser investigada en 2007. No fue hasta 2018, once años después, cuando la Audiencia Nacional dictó condenas. Aunque el PP se benefició de las actividades delictivas de la trama, se sigue diciendo que "eran cosas del pasado". Incluso, Mariano Rajoy en 2018 afirmó: "Esto de la Gürtel es de hace muchos años".
La historia se repite con el caso de los ERE en Andalucía, cuya investigación comenzó en 2009 y cuya sentencia fue emitida 20 años después. El caso de Rodrigo Rato, bajo investigación desde 2015, se suma a la lista de los problemas que el PP debe afrontar. La trama Púnica, que data de 1999, se espera que sea juzgada en 2025, mientras que el caso Lezo, con hechos que datan de 2013, todavía no tiene fecha para su juicio. Asimismo, la investigación sobre Jordi Pujol, que comenzó en 2013, sigue sin fecha de juicio, lo que pone de manifiesto que los retrasos en los juicios de corrupción son generalizados.
¿Por qué se alargan tanto estos casos?
Las razones son múltiples y complejas: la naturaleza intrincada de los casos, que frecuentemente involucran dinero en paraísos fiscales, la división en piezas separadas de los juicios y una administración de justicia con recursos económicos y humanos limitados.
Además, las estrategias de defensa de los acusados, que recurren sistemáticamente las decisiones judiciales, contribuyen a la dilatación de los procesos y a la disminución de las penas.
