Ha llegado el día que llevaban meses esperando en el Ministerio de Igualdad. El día en el que el Tribunal Supremo se pronunciaría sobre la rebaja de penas por la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí'. Desde Igualdad defendieron siempre esperar a que el Supremo fijase doctrina. Lo decía Irene Montero: "Lo que hay que hacer es esperar respetando la separación de poderes a que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado establezcan las directrices". La ministra achacaba las rebajas de penas a los delincuentes sexuales a un "problema de aplicación errónea de la ley" más que "un problema de definición de la ley".
Pero no fue la única voz de Podemos en pedir prudencia y calma. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', aseguraba que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado iban a "unificar criterios". Por su parte, la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, sostenía que el Tribunal Supremo mantendría "su doctrina que es la jurisprudencia consolidada sobre que si cabe la pena en la ley siguiente no se revisa".
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La respuesta a sus afirmaciones ha llegado con la decisión del Supremo. Ha rechazado el criterio de la Fiscalía y la tesis de Igualdad y ha avalado las rebajas de penas a los delincuentes sexuales.
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