Cuatro meses de silencio, ¿qué no ha contado Salomé Pradas sobre su gestión de la DANA?

Salomé Pradas, exresponsable de Emergencias en la Comunidad Valenciana, ha sido objeto de duras críticas por su actuación durante la DANA que devastó la Comunitad Valenciana el 29 de octubre. La funcionaria fue acusada de no convocar al CECOPI hasta las 17:00 horas, y de no alertar a la población hasta que ya había víctimas mortales. Además, se le atribuye el falso testimonio al afirmar que el Gobierno no le ofreció la posibilidad de activar a la UME.

El 20 de noviembre, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, destituyó a Pradas de su cargo. Sin embargo, las investigaciones continúan y, este lunes, la jueza encargada del caso ha imputado a la exresponsable de Emergencias, abriendo una nueva fase judicial.

La magistrada también ha ofrecido a Mazón la oportunidad de declarar voluntariamente, debido a su condición de aforado, aunque aún se desconoce si lo hará. Pradas, por su parte, ha mantenido un silencio absoluto durante estos cuatro meses y solo rompió su silencio en laSexta, donde afirmó que "hizo lo que tenía que hacer", sin proporcionar detalles adicionales y sugiriendo que "la verdad se sabrá".

Actualmente, la jueza de Catarroja investiga la falta de alerta temprana, una medida que podría haber evitado la pérdida de vidas humanas. A lo largo de estos meses, tanto Pradas como Mazón han intentado eludir la responsabilidad, señalando a los técnicos como los culpables del desastre. Sin embargo, la jueza sostiene que, como máxima autoridad autonómica en Emergencias, era deber de Pradas alertar a la población y tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos de la catástrofe.

La falta de acción es clave en la imputación de Pradas, quien aún no ha explicado por qué esperó tanto para convocar al CECOPI ni por qué el mensaje enviado, cuando ya era tarde, solo sugería evitar desplazamientos. La magistrada subraya que la DANA no fue un fenómeno imprevisible, ya que la AEMET había emitido alertas y otras instituciones, como la Universidad, ya habían adoptado medidas preventivas. Además, se descarta un apagón informativo o desconocimiento de los avisos. Según la jueza, la responsabilidad penal no puede recaer sobre el presidente de la Confederación Hidrográfica, como se intentó implicar.

La cuestión clave ahora es la actuación tardía de Pradas y su negativa a actuar de forma autónoma, esperando la aprobación de los técnicos para lanzar la alerta, a pesar de que, como autoridad, tenía la capacidad y obligación de actuar sin su visto bueno.