El debate sobre la gestación subrogada ha irrumpido en el Congreso de los Diputados. Y se han podido observar dos posturas claras entre los partidos políticos.
Primero, las derechas. Ciudadanos sí lo tiene más claro: "En el sistema que defiende ciudadanos no se alquila ningun vientre. Es una gestacion subrogada que se plantea de una forma altruista, que no es mediante precio", afirmaba Edmundo Bal.
Desde el PP, Cuca Gamarra asegura que el tema es "un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos" porque "afecta a muchas cuestiones morales y éticas". Por su parte Vox defendía no tener "una posición sobre la gestacion subrogada sobre madres de 68 años". Lo decía Espinosa de los Monteros.
Gamarra da muchas vueltas para no posicionarse con claridad. Y Espinosa de los Monteros reconoce que no tienen posición formada. De hecho, luego Vox ha tenido que aclarar que ellos están en contra. Pero ¿y las izquierdas? Su mensaje es unánime. Todos en la misma dirección. Y resulta que sus palabras en este caso son clavadas a las de la Conferencia Episcopal Española. La coalición de Gobierno y el portavoz de los Obispos de 2017 calcan argumentos.
"Es una práctica que no es legal en España y que está reconocida como violencia en nuestro país", defendía la ministra de Igualdad, Irene Montero.
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El exsecretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo lo justificaba así: "Un hijo no es un derecho, ni es un deseo. Es un don. Los niños y las mujeres no tienen precio. La maternidad subrogada constituye una explotación de la mujer, y del niño, que se convierte en un objeto de consumo, con una clara mercantilización en todos los casos, sea mediante dinero o por donación".
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