El PP ha endurecido su discurso respecto a la inmigración ilegal, vinculándola con la inseguridad. Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, pidió en un mitin en Cornellá el voto de aquellos que, estando a favor de la inmigración legal, "no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas okupando nuestros domicilios" y apeló además a los electores que "se dan cuenta de que Cataluña tiene los índices de criminalidad, de robos, de hurtos y de reincidencia de los más altos de España".
El PP siempre ha hecho bandera de la lucha contra la okupación ilegal, pidiendo en el Congreso y el Senado desalojos en 24 horas, pero ahora da un paso más vinculando este delito con los inmigrantes, considerados en situación irregular, por lo tanto, surge la necesidad de aclarar la verdad sobre las supuestas ayudas que reciben los inmigrantes al llegar a España, que no son 'paguita, un piso y trabajo'.
Para empezar, es importante señalar que no existe ningún programa estatal que otorgue una 'paguita' a los inmigrantes. Las ayudas sociales están destinadas a ciudadanos españoles y residentes legales; solo en el País Vasco se permite a los inmigrantes que llevan un par de años en España solicitar la renta de garantía de ingresos.
En cuanto a la vivienda, tampoco hay un sistema que proporcione automáticamente un piso a los recién llegados. Los inmigrantes deben buscar su propia solución habitacional, sin recibir apoyo especial por parte del Estado en este aspecto.
Respecto al empleo, la idea de que se garantiza un trabajo a los inmigrantes es igualmente falsa. Si bien algunos pueden encontrar empleo en sectores donde la demanda de mano de obra es alta, como la agricultura o la hostelería, no existe un sistema que asegure un puesto de trabajo a todos los inmigrantes que llegan al país.
Es importante destacar que, si bien los inmigrantes tienen derecho a la atención sanitaria y a la educación para sus hijos menores, estos servicios pueden encontrar obstáculos en algunas comunidades autónomas debido a la falta de documentación. También tienen derecho a protección, si la piden pueden acceder a un programa temporal de acogida en el que se les ayuda.
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Para terminar, un inmigrante no tiene derecho a voto a no ser que consiga la nacionalidad, esté casado en España o lleve entre cinco y diez años con residencia legar en el país, entonces ahí puede solicitar la nacionalidad, cumpliendo unos requisitos y trámites. Salvo que el Gobierno decida conceder la nacionalidad excepcionalmente como hizo con el luchador Illa Topuria.
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