El antiguo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se encuentra bajo el escrutinio de la justicia española por presunta corrupción relacionada con un despacho que fundó durante su tiempo en el gobierno. Montoro, conocido por su mano dura durante su mandato, ahora enfrenta acusaciones de utilizar sus influencias para beneficiar a ciertos clientes y perjudicar a otros.
La investigación se centra en Equipo Económico, ahora operando bajo el nombre de Global Afteli, un despacho que Montoro cofundó entre sus períodos ministeriales con José María Aznar y Mariano Rajoy. Se sospecha que altos cargos del despacho, algunos antiguos colaboradores de Montoro en Hacienda, podrían haber utilizado sus conexiones en el ministerio para obtener ventajas indebidas para sus clientes.
Entre los investigados se encuentra el CEO de la empresa y dos de sus socios, todos ellos antiguos altos cargos de Hacienda. La investigación se inició tras el descubrimiento fortuito de correos electrónicos durante una inspección en la sede de otro cliente del despacho. Esta pesquisa, llevada a cabo por un juzgado en Tarragona, ha sido ampliada posteriormente por la Fiscalía Anticorrupción.
Sin embargo, el proceso ha sido lento y marcado por desavenencias dentro de la Fiscalía. Discrepancias entre la fiscal del caso y su superior, Alejandro Luzón, han llevado a un estancamiento de cinco años en la investigación. La cuestión central ha sido si extender las pesquisas a otras personalidades ajenas al despacho, lo que ha generado tensiones internas y ha resultado en apartar a la fiscal del caso y una investigación disciplinaria en su contra.
Esta no es la primera vez que el despacho de Montoro enfrenta escrutinio legal. En 2017, un juzgado en Madrid admitió una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos con las Cámaras de Comercio. Sin embargo, la falta de evidencia sólida llevó al archivo del caso.
El CCE solicitó "actualizar los datos"
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El CCE aclara que, tal como establece la Ley de Protección Civil y el Plan Especial de Inundaciones, es su responsabilidad notificar a los municipios "en caso de declaración de situación de emergencia o preemergencia".