El PP ha salido en tromba contra la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras su señalamiento al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. La ministra ha asegurado que el juez tiene "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles" como sucedió con la petición de imputar por terrorismo a Carles Puigdemont. Algo que los 'populares' han considerando "muy grave" y merecedora de la reprobación. Sin embargo, ellos siempre han desacreditado instituciones cuando no les convenía.

Adalides de la defensa de los pilares del Estado, el Partido Popular ha dejado al descubierto su doble rasero cuando las decisiones no le favorecen. En el debate sobre la ley de amnistía, su presidente Alberto Núñez Feijóo llegó a comparar el Congreso de los Diputados con el Parlament de 2017, ignorando la esencia democrática de la representación parlamentaria.

La acusación de que un Congreso plural no representa a la ciudadanía española ha desatado críticas por parte de los socialistas, recordando al PP que la composición de la Cámara Baja emana del resultado de las urnas. Pero la respuesta del partido no se hizo esperar: buscar equiparar el Senado, donde sí ostentan mayoría, con el "desprestigiado" Congreso.

En una convocatoria ante sus grupos parlamentarios, Feijóo propuso la controvertida idea de utilizar la mayoría en el Senado para igualar el número de sesiones plenarias al del Congreso, desafiando así la soberanía de la Cámara Baja que, según él, ya no representa a la ciudadanía. Una postura que agita las aguas y cuestiona la base misma de la democracia.

No es la primera vez que el PP cuestiona la legitimidad de las instituciones. Desde la renovación del Tribunal Constitucional en 2022, los 'populares' han expresado sus dudas, especialmente, ante fallos relacionados con figuras como Arnaldo Otegio o el diputado Alberto Rodríguez. La respuesta ahora es estudiar la supuesta "parcialidad" de los letrados, marcando una semana de descrédito que podría dejar cicatrices duraderas en la confianza institucional.