El 30 de noviembre de 1999, Eduardo Zaplana, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, afirmaba que "el dinero es de los ciudadanos, lo recaudamos las administraciones públicas de una u otra forma. Nuestra obligación es utilizarlo bien y sacarle el máximo provecho".
En esta misma época, en TVE aseguraba que "la corrupción ya no preocupa a los ciudadanos porque ha desaparecido", pero la realidad era muy diferente: Zaplana estaba involucrado en un escándalo de corrupción que ha culminado en una condena de diez años y cinco meses de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales.
Zaplana se convierte en otro ministro de Aznar que cae en una trama de corrupción, siguiendo el 'manual' de los casos de corrupción que siempre incluyen tres términos inseparables: comisiones, contratos ilegales y beneficios. Según las investigaciones, Zaplana habría cobrado cerca de 20 millones de euros en sobornos a cambio de la adjudicación de contratos a dos empresas para la concesión de estaciones de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana, generando un beneficio total de 86,5 millones de euros para los propietarios de dichas empresas.
Protagonistas del caso Erial
Entre los protagonistas de esta trama, destacan figuras como Eduardo Zaplana, quien recibió la mayor parte de los sobornos, su jefe de gabinete, y Juan Cotino, presidente de las Cortes Valencianas y exdirector de la Policía, fallecido durante la pandemia.
Dos de los tres empresarios implicados son familiares de Cotino, quienes eran propietarios de las compañías de ITV y parques eólicos. Además, estaba 'Paco Gasofa', un amigo íntimo de Zaplana. Algunos de sus amigos fueron clave en su delación durante el juicio, actuando como testaferros, incluyendo a Joaquín Barceló, el abogado uruguayo Fernando Belhot y su asesor financiero.
El blanqueo de capitales
Los 20 millones de euros obtenidos por Zaplana fueron blanqueados a través de una red de sociedades creadas específicamente para devolver ese dinero a España y ocultar su origen.
Estos fondos fueron distribuidos en países habituales en el mapa de la corrupción, como Suiza, Luxemburgo, Andorra y Panamá. Durante el procedimiento judicial, la Fiscalía recuperó solo siete millones; el resto se había esfumado.
Operaciones de blanqueo
El blanqueo no se limitó a maniobras financieras, sino que incluyó lujosas adquisiciones, como un chalet en la finca, un piso en el barrio de Salamanca, dos áticos en Alicante y un yate valorado en medio millón de euros.
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Zaplana también exigió más de dos millones de euros en efectivo, que su chófer o secretaria le entregaban en sobres. Además, gastos en relojes de alta gama, cruceros y viajes completan este icónico caso de corrupción en la historia de España.
