Ante las acusaciones de fraude fiscal, el compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso ha tomado una decisión que podría cambiar el curso de su proceso judicial. Según documentos filtrados, su defensa propuso un acuerdo de conformidad penal a la Fiscalía, donde admite plenamente la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública. Esta estrategia incluye la devolución de los 350.000 euros defraudados, además de los intereses de demora, en un intento por reparar el daño causado y buscar una reducción significativa en la condena de prisión y en la cuantía de la multa.
La jugada de la defensa se basa en un aspecto clave del Código Penal, que permite la rebaja de las penas si se alcanza un acuerdo de conformidad durante los dos primeros meses tras la citación judicial. Para que sea efectivo, es necesario el consentimiento del acusado, la Fiscalía, y la Abogacía del Estado, y debe ser ratificado durante el juicio. Esta práctica, aunque habitual en el ámbito judicial y vista en casos de celebridades como Shakira y varios futbolistas, enfrenta un obstáculo en el caso del novio de Ayuso: su propuesta se anticipó a cualquier acción judicial formal, presentándose incluso antes de que la Fiscalía interpusiera una denuncia oficial.
La anticipación de esta propuesta sugiere que el novio de Ayuso estaba muy bien asesorado por un abogado penalista especializado en derecho tributario, un antiguo inspector de Hacienda con experiencia en negociar este tipo de acuerdos. A pesar de tener la opción de saldar la deuda antes de ser oficialmente investigado, su movimiento hacia la regularización fiscal se produjo después de recibir notificación de la investigación en su contra, limitando sus opciones a la vía judicial para alcanzar un acuerdo.
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Esta estrategia defensiva revela no solo un intento por minimizar las repercusiones legales del acusado sino también un manejo proactivo y estratégico de la ley, buscando la manera más favorable de enfrentar las acusaciones de fraude fiscal. Ahora, con la propuesta sobre la mesa, el destino del novio de Ayuso depende de la aceptación de este acuerdo por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
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