En los últimos días, el Partido Popular ha señalado que ETA está "más fuerte que nunca", a pesar de que la organización terrorista dejó de existir hace más de una década. Este discurso, que a menudo se encuentra cargado de connotaciones políticas, deja a un lado el profundo sufrimiento de las víctimas que aún esperan justicia y reconocimiento.
El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, una promesa rodeada de escepticismo que, con el tiempo, se ha demostrado que cumplió. Este anuncio marcó un hito en la historia de España, poniendo fin a 43 años de violencia. Seis años y medio después, en mayo de 2018, la banda proclamó su autodisolución, señalando el fin tanto de su actividad como de su estructura organizativa. Sin embargo, el eco de sus acciones aún resuena en el debate político contemporáneo.
El respaldo social a ETA ha sido cada vez más escaso. En su último Euskobarómetro, antes del cese definitivo, el rechazo a la banda alcanzaba el 64% entre la población vasca, con un apoyo firme de solo el 1%. Desde su desaparición, el apoyo a la causa de la independencia de Euskadi también ha disminuido, siendo respaldada por solo el 37% de la sociedad vasca, según un sondeo reciente del Gobierno vasco.
Mientras tanto, el dolor de las víctimas continúa siendo una sombra en la sociedad. A pesar de los más de 800 asesinatos perpetrados por ETA, solo 76 han sido completamente resueltos. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) informa que hay 378 crímenes aun sin esclarecer, lo que impide que sus víctimas reciban las ayudas estatales a las que tienen derecho. Asimismo, casi 400 casos han sido resueltos de forma incompleta, complicando la identificación tanto del autor material como del autor intelectual de los crímenes.
Las víctimas también demandan el cese de los 'ongi etorri', homenajes a miembros de la banda, sean excarcelados o fallecidos. Aunque en 2023 no se celebró ningún acto de homenaje formal, se registraron 466 actos de apoyo a la banda, lo que alimenta el descontento social. Las víctimas exigen que el Gobierno vasco establezca requisitos claros para la concesión de tercer grado a los presos: perdón, arrepentimiento y colaboración con la justicia. A pesar de que hace solo tres años la izquierda abertzale comenzó a reconocer el dolor causado, aún no se han escuchado expresiones de perdón ni arrepentimiento por parte de sus líderes.
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