El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona gravemente afectada —comúnmente conocida como declaración de zona catastrófica— para los territorios perjudicados por la DANA.

¿Cuándo puede solicitarse?

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil define la protección civil como "el servicio público que protege a las personas y bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes, ya sean de origen natural o provocadas por la acción humana, ya sea accidental o intencionada".

Su quinto capítulo establece que la declaración de una zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil se sitúa en la fase de recuperación, orientada al "restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada", y se produce tras la respuesta inmediata.

¿Quién puede solicitarla?

Las comunidades autónomas son las encargadas de solicitar la declaración de zonas catastróficas; sin embargo, es el Consejo de Ministros quien efectúa dicha declaración. Este proceso se lleva a cabo "a propuesta de los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos".

Antes de emitir la declaración, el Gobierno puede requerir un informe a la comunidad autónoma afectada.

¿Qué se valora?

Para declarar una zona catastrófica, se considera que el suceso "perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada", lo que puede incluir daños materiales o personales, así como la paralización de algún servicio público esencial.

Se ha aplicado 15 veces en los últimos nueve años

Desde la implementación de esta normativa en julio de 2015, se han realizado un total de 15 declaraciones de zona catastrófica en respuesta a diversas emergencias. La primera de estas declaraciones tuvo lugar el 9 de diciembre de 2016, afectando a varias provincias de la Comunidad Valenciana, Extremadura y Andalucía, donde intensas lluvias causaron inundaciones y daños significativos.

Las inundaciones han sido un problema recurrente en diversas regiones de España, especialmente en el este del país. A finales de 2016, tras más de una semana de lluvias torrenciales, se declaró la zona catastrófica en la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Almería y Albacete. Desde entonces, el Gobierno ha tenido que tomar medidas en varias ocasiones para abordar episodios de inundaciones que han impactado a comunidades enteras, especialmente entre septiembre y noviembre de 2018, cuando se realizaron tres declaraciones de emergencia por temporales que afectaron a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, las Islas Baleares y Pontevedra, entre otros.

Además de las inundaciones, los incendios forestales han contribuido a este creciente número de declaraciones. Desde 2017, diversas comunidades autónomas han enfrentado incendios incontrolables, con devastadoras consecuencias para el medio ambiente y la población. En el verano de 2022, un total de quince comunidades autónomas solicitaron ayudas gubernamentales tras 119 incendios que arrasaron miles de hectáreas de terreno. Uno de los incidentes más recientes tuvo lugar en febrero de 2024 en Valencia, donde un fuego en un edificio del barrio de Campanar causó daños significativos.

El Gobierno también ha tenido que hacer frente a fenómenos extremos como la borrasca Filomena y la erupción del volcán de La Palma en 2021, que llevaron a la declaración de zonas gravemente afectadas. De hecho, 2021 se ha convertido en el año con más declaraciones de zona catastrófica, destacando por una serie de incendios que obligaron a la declaración de emergencia en trece comunidades autónomas.

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