El Fondo de Liquidez Autonómica, un mecanismo en crisis que sigue alimentando la dependencia de las autonomías

Este miércoles, se llevará a cabo una crucial votación en el Congreso que podría poner fin a una de las mayores fuentes de deuda autonómica en España: el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Este mecanismo, creado en 2012 bajo el gobierno de Mariano Rajoy como respuesta a la crisis económica global, permitió a las comunidades autónomas acceder a financiación pública en condiciones más favorables cuando los mercados les daban la espalda.

A través de este sistema, el Estado asumió parte de la deuda autonómica, ofreciendo préstamos con intereses bajos y plazos largos, principalmente para hacer frente a las facturas de proveedores y financiar servicios clave como la sanidad y la educación, cuyas competencias recaen exclusivamente en las comunidades.

La situación del FLA ha estado rodeada de polémica desde su creación. Si bien inicialmente se diseñó como una solución temporal para las comunidades que no podían acceder a crédito en los mercados internacionales, el paso del tiempo ha convertido este fondo en una carga creciente, con la deuda acumulándose y las comunidades más dependientes del Estado para su financiación.

En total, más de 268.000 millones de euros han sido entregados por el Gobierno a las comunidades autónomas a través de este mecanismo. Las regiones que más se han beneficiado de estos fondos han sido Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, quienes históricamente han sido las que acumulan mayores niveles de deuda.

El Partido Popular (PP), aunque en principio ha calificado la quita de la deuda como una "trampa", se enfrenta a una encrucijada política. A pesar de las críticas públicas, sus comunidades autónomas más afectadas por el FLA, como la de Madrid o Galicia, se alinearán en privado para apoyar la medida, pues saben que, al ser consultiva, solo se necesita el respaldo de una sola comunidad para que la quita de la deuda avance en el proceso legislativo. Esto desvela una estrategia oculta: al apoyar la medida en la votación, se aseguran de que, si la medida es aprobada, podrán acogerse y beneficiarse de ella en el futuro.

Las críticas al FLA han sido constantes a lo largo de estos 13 años de existencia. El sistema ha sido visto por muchos como un ejemplo de desigualdad, ya que las comunidades que más han recurrido a él no han tenido las mismas condiciones, ni los mismos beneficios. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, nunca ha solicitado dinero del FLA, financiándose por completo a través de los mercados, al igual que Euskadi y Navarra, que están fuera del régimen común de financiación autonómica.

En contraste, otras comunidades han solicitado cantidades multimillonarias a lo largo de los años, creando una división creciente en la manera en que se distribuyen los recursos públicos y alimentando el debate sobre la equidad en el sistema de financiación.

La deuda del FLA alcanzó su punto máximo con los 18.000 millones de euros iniciales destinados por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Sin embargo, a medida que la crisis económica fue quedando atrás, el Gobierno introdujo mecanismos adicionales de financiación que redujeron el número de comunidades solicitantes.

En 2020, solo tres comunidades seguían acudiendo al FLA, aunque la deuda seguía acumulándose. A pesar de los esfuerzos por reducir esta dependencia, el sistema nunca fue completamente suprimido, y hoy sigue siendo una carga para las finanzas públicas.

El Gobierno ha intentado en varias ocasiones reducir o eliminar el FLA, pero ningún Ejecutivo ha tomado decisiones drásticas al respecto. Los temores sobre las consecuencias políticas y económicas de eliminar el fondo han retrasado su reforma. Los expertos coinciden en que es necesario abordar la deuda autonómica y plantear una reforma profunda del sistema de financiación autonómica, pero este proceso aún sigue pendiente, y la quita de la deuda podría ser el primer paso hacia esa reformulación del modelo.