La trama de compra de votos centra la recta final de la campaña electoral. El último caso conocido ha ocurrido en Mojácar, Almería. Allí se ha detenido en esta nueva operación de compra de votos por correo a dos candidatos en la lista del PSOE de Mojácar, que está en la oposición. Los arrestados son el número dos, Francisco Bartolomé Flores Torres, y el número cinco, Cristóbal Vizcaino González, hostelero de profesión que "pone su empeño en trabajar por un Mojácar del que se sienta orgullosas generaciones presentes y futuras". Si se repitieran los resultados de 2019 ambos habrían entrado.
A ambos candidatos se les acusa de lo mismo: de comprar votos. El origen de la investigación se remonta a la denuncia de una persona que alertó de que habían intentado comprar su voto, ofreciéndole una compensación económica. A lo largo de la mañana, la Policía ha realizado una decena de registros en busca de más pruebas.
El impacto de unos centenares de votos comprados podría alterar el resultado de las elecciones municipales en el municipio almeriense. Mojácar solo tiene censados 7.500 habitantes. En la cita de 2019, solo votaron unas 3.000 personas. Unas pocas papeletas serían suficientes para alterar el reparto de fuerzas entre Partido Popular y PSOE ya que cada concejal son 200 votos. Actualmente el PP tiene la mayoría absoluta con ocho concejales, mientras que el PSOE conserva cinco asientos.
La otra ciudad afectada por una trama de compra de votos es Melilla. Allí se ha detenido a un consejero y el presidente, Eduardo de Castro González, ya lo ha cesado. En este caso, los señalados son Coalición por Melilla y el PP de Melilla. Fuentes de la investigación aseguran a laSexta que dos de los diez arrestados estarían buscando votos para el Partido Popular.
Los investigadores creen que los miembros de la trama hacían de intermediarios comprando votos a comisión para dos formaciones como si fuera una subasta. Compraban y vendían al mejor postor. La policía cree que los investigados recibieron un chivatazo porque los arrestados ya esperaban a los agentes. Dos intentaron escapar y uno de ellos llevaba 80 votos encima aunque se desconoce para qué partido eran.
Los votos sospechosos de haber sido comprados aquí son unos 10.000. ¿Qué pasa ahora con esos votos? Mañana cuando cierre la oficina postal melillense, termina el plazo para entregar el voto por correo. Unos 9.000 se dan prácticamente por perdidos y pasarán a la abstención. Supondría un tercio de los votos en comparación con las elecciones de 2019 cuando acudieron a la urnas unas 30.000 personas.
El CCE solicitó "actualizar los datos"
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El CCE aclara que, tal como establece la Ley de Protección Civil y el Plan Especial de Inundaciones, es su responsabilidad notificar a los municipios "en caso de declaración de situación de emergencia o preemergencia".