El futuro de Doñana, en juego: claves de la destructiva ley de PP y Vox que ampliará los regadíos

Doñana, reserva de la biosfera, se está jugando su futuro en el Parlamento de Andalucía, donde PP y Vox han dado el primer paso para legalizar los regadíos que, precisamente, roban el agua al humedal. Esta ley se tramitará por vía de urgencia a pesar de la grave sequía que estamos sufriendo, lo que está suponiendo un desastre natural para Doñana.

En la tarde de este miércoles, el Gobierno ha anunciado que pedirá al Tribunal Constitucional que paralice esta polémica ley, un enfrentamiento total, abierto y sin filtros entre el Ejecutivo y el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En laSexta Clave, intentamos explicar cómo hemos llegado hasta aquí, cómo se ha podido dar una polémica ley y las consecuencias que puede tener. Desde el propio Parlamento, el periodista de laSexta Juanjo Cuéllar explica que la ley tiene como premisa legalizar riegos que hasta ahora se estaban haciendo, extrayendo agua sin permiso en algunos casos, protegiendo la economía local.

Pero el problema no es si son o no legales, sino que no hay agua suficiente para tantos cultivos. Es decir, la ley promete un agua que no existe, más en esta dura época de sequía.

¿Cuánta de esta escasez es responsabilidad de estos regadíos? Es posiblemente la gota que colma el vaso, lleno por el empeoramiento de la situación por factores climáticos. La mitad de las lagunas del parque han desaparecido y el gran humedal de aves de Europa está seco.

Todo esto se da a menos de 50 días para las elecciones municipales, algo que hace casi imposible que la ley salga adelante antes del paso por las urnas. Lo normal es que se demore meses, con debates, enmiendas o alegaciones, aunque finalmente debería aprobarse con el PP haciendo uso de su mayoría y el apoyo adicional de Vox.

Mientras, la Comisión Europea lleva meses advirtiendo a España de que debemos cuidar Doñana, enfrentándonos a sanciones en caso de que se produzca una "violación flagrante" de las directrices europeas. Desde Europa, se ha preguntado a la Junta cómo están tan seguros de que la ley no va a dañar los recursos hídricos.

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