En un contexto judicial que a menudo parece más enfocado en cuestionar a las víctimas que a los agresores, el caso de Gisèle Pelicot pone de relieve una preocupante tendencia: la normalización de la cultura de la violación.
Pelicot, quien ha sido objeto de un juicio donde su propio comportamiento ha sido puesto en tela de juicio, asegura sentirse humillada y culpabilizada, a pesar de ser víctima de un ataque sexual. En su caso, se le ha criticado incluso por fotos en las que parece estar despierta, a pesar de que estaba bajo los efectos de drogas administradas por su agresor y siendo violada por terceros. La defensa ha cuestionado detalles insignificantes, como la expresión en sus fotos, para desestimar la gravedad del ataque que sufrió.
El caso de Pelicot no es aislado; es un reflejo de una estructura judicial que perpetúa la desigualdad de género. Históricamente, las mujeres que denuncian abusos enfrentan durísimos procesos judiciales en los que son sometidas a un exhaustivo escrutinio y a una sistemática revictimización.
Este patrón ha sido visible en otros casos. Hace dos décadas, Nevenka Fernández, exconcejal de Ponferrada, denunció el acoso por parte de su jefe, el alcalde Ismael Álvarez. A pesar de que Álvarez fue condenado, Fernández enfrentó un proceso judicial que la señaló y cuestionó. Su caso fue un hito en la lucha por los derechos de las mujeres en España.
En 2016, el caso de La Manada, donde cinco hombres violaron a una mujer durante San Fermín, evidenció otra faceta de esta problemática. La víctima fue objeto de un escrutinio despiadado por parte de la defensa, que llegó a contratar un detective privado para investigarla. Aunque los agresores fueron condenados a 15 años de prisión, la joven sufrió una exposición pública que reflejó la "duda patriarcal" que enfrentan muchas mujeres que denuncian abusos.
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