El Gobierno reta el altruismo judicial: la reforma que pone en duda la remuneración de las clases a opositores

La reforma propuesta por el Gobierno ha desatado una gran controversia en el ámbito judicial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha mostrado un firme rechazo a las medidas que buscan transformar el sistema de preparación de opositores para la carrera judicial. En el centro de la polémica está la exigencia de que los jueces que imparten clases a aspirantes a la judicatura soliciten autorización de compatibilidad y se registren en un listado público, además de declarar sus ingresos a Hacienda. Esta reforma, que busca imponer más control y transparencia en el proceso, plantea un choque de intereses que ya está generando debate.

Actualmente, los magistrados que se dedican a preparar opositores cobran, de media, entre 200 y 300 euros mensuales por alumno. Sin embargo, estos pagos se realizan de manera informal, generalmente en sobres, lo que les permite eludir los controles fiscales.

Aunque el reglamento de la carrera judicial establece que aquellos jueces que dediquen más de 75 horas anuales a la formación de opositores deben solicitar autorización para compatibilizar esta actividad, la realidad es que no existe una supervisión efectiva que garantice el cumplimiento de esta norma.

La nueva reforma pretende poner fin a estas irregularidades, obligando a todos los jueces que se dediquen a la enseñanza de opositores, independientemente de las horas invertidas, a solicitar la correspondiente autorización de compatibilidad y a registrarse en un listado público. Esta medida, además de asegurar el cumplimiento de la normativa fiscal, también busca dar mayor transparencia a una actividad que, según los detractores, ha funcionado en la sombra durante demasiado tiempo.

Los jueces, por su parte, han expresado su disconformidad con la reforma. En su defensa, argumentan que la preparación de opositores no es una actividad lucrativa, sino una "obligación moral y deontológica" que forma parte de su responsabilidad como miembros de la carrera judicial.

Según este argumento, muchos jueces no cobran por impartir clases, sino que lo hacen por un sentido de generosidad y compromiso con la formación de los futuros magistrados, actuando en ocasiones más como mentores que como profesores remunerados. De hecho, señalan que la enseñanza no se realiza con fines lucrativos, sino como un intercambio de conocimientos jurídicos con personas cercanas, incluso familiares o amigos.

Este argumento, sin embargo, ha sido cuestionado por el Gobierno, que considera que si la formación es tan altruista y desinteresada, ¿por qué no debería realizarse de manera gratuita? En este contexto, el Gobierno ha planteado la posibilidad de que los jueces que imparten clases de oposición lo hagan sin recibir compensación económica, dada la supuesta naturaleza moral de la actividad.

De hecho, en el marco de la reforma, el Ejecutivo ha sugerido que, en lugar de remunerar estas clases, se podría explorar la opción de que los jueces las realicen de manera completamente altruista.

No obstante, esta medida no excluye la creación de un registro público obligatorio, que seguiría siendo parte de la reforma. El Gobierno sostiene que el cumplimiento de la obligación moral y deontológica de formar a los opositores puede llevarse a cabo sin necesidad de remuneración, pero que la transparencia y el control fiscal son esenciales para evitar posibles conflictos de interés.

Ahora la pregunta queda en el aire: ¿Estarán los jueces dispuestos a sacrificar su compensación económica por una causa que, según el Ejecutivo, debería ser altruista por naturaleza?