Gritos, culpas y contradicciones en el juicio por la DANA: Pradas alega ignorancia y la jueza le recuerda que ella mandaba

La sala de los juzgados de Valencia se convirtió este jueves en un campo de tensiones, con las familias de las víctimas de la DANA haciendo oír sus gritos e insultos hacia los responsables de la gestión de la emergencia. En el centro de la tormenta, la exconsellera de Emergencias, Pradas, quien, visiblemente afectada, negó cualquier responsabilidad, argumentando que carecía de los conocimientos necesarios para desempeñar su cargo.

Pradas, quien ocupó la cartera de Emergencias de la Generalitat en el momento en que la DANA golpeó la Comunidad Valenciana, se vio acorralada por la jueza que dirige la investigación. La magistrada mantiene que la respuesta de la Generalitat fue insuficiente y, fundamentalmente, que la alerta a la población llegó tarde, lo que pudo haber evitado la mayoría de las muertes de la DANA.

A pesar de los elementos que apuntan a la negligencia en la gestión de la emergencia, la exconsellera intentó desvincularse de las decisiones clave, destacando que su rol era más bien institucional y que la verdadera responsabilidad recaía en los técnicos y en otros actores del CECOPI (Centro de Coordinación de Emergencias).

Sin embargo, los argumentos de Pradas no convencieron a la jueza, quien ha subrayado que, según la legislación de la Generalitat, en una situación de emergencia de esta magnitud, el mando único recae en la exconsellera titular del ramo, una función que ella no pudo eludir, aunque intentó argumentar lo contrario.

Pradas insistió en que el CECOPI, al que pertenecía junto con otros responsables, era un órgano colegiado y que, por tanto, la responsabilidad debería ser compartida. En sus palabras, ella no fue la "máxima autoridad" en esa crisis, y culpó directamente a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien, según ella, tenía una implicación mayor.

Uno de los puntos críticos de su defensa fue el sistema de alertas Es-alert, que según la exconsellera no conocía hasta poco antes del desastre. Sin embargo, la jueza desmintió esta afirmación, señalando que el sistema había sido anunciado públicamente en febrero de 2023 como operativo en la Comunidad Valenciana, mucho antes de la DANA.

La justificación de que el sistema estaba "en fase de pruebas" y "tenía carácter provisional" fue también refutada, pues la Generalitat había publicado oficialmente que el sistema estaba en pleno funcionamiento, lo que echó por tierra las defensas de la exconsellera. A pesar de esta inconsistencia, Pradas continuó sosteniendo que la falta de experiencia y el corto tiempo en el cargo justificaban su incapacidad para gestionar adecuadamente la emergencia.

Por otro lado, Emilio Argüeso, quien fuera número dos de Pradas en Emergencias, adoptó una postura similar al intentar exculpar a su superiora y, apuntó a varios responsables ajenos al gobierno de la Generalitat. Según Argüeso, el entonces jefe del Consorcio de Bomberos, ya jubilado, y Jorge Suárez, quien según él estaba de vacaciones en el momento de la crisis, eran los verdaderos culpables de la desorganización.

En su declaración, también destacó la falta de información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), algo que, según él, dificultó la coordinación. Sin embargo, este argumento fue rápidamente desmontado por la jueza, quien apuntó que la información necesaria ya se encontraba disponible a través de los canales oficiales, incluyendo la web del propio gobierno, y que el municipio de Ribarroja, en el que se activaron alertas a tiempo, tomó las precauciones correspondientes.

Tanto Pradas como Argüeso intentaron defender la gestión del presidente Mazón. Ambos aseguraron que la tardía llegada del presidente al CECOPI no había tenido impacto directo en el retraso de las alertas.

No obstante, las declaraciones de la esconsellera revelaron nuevos detalles que podrían agravar la situación del president. Pradas reconoció que Mazón hizo una llamada a las 5:30 del día del desastre, una comunicación que, según su testimonio, no ha sido suficientemente esclarecida. No obstante, evitó precisar si esa llamada fue atendida y qué se discutió.

Otro descubrimiento fue el hecho de que, a pesar de la situación de emergencia, la exconsellera de Emergencias tuvo que recurrir a su número dos para obtener el informe de situación, algo quela Generalitat. Este detalle, sumado a las inconsistencias en las respuestas de ambos funcionarios, refuerza la tesis de que la respuesta a la crisis fue deficiente desde el principio.