En España, la Ministra de Seguridad Social se reafirma en su propuesta de implementar bajas por incapacidad temporal "flexibles". A pesar del rechazo por parte de los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, la Patronal ha decidido apoyar esta idea. Los empresarios consideran que podría ser un cambio positivo para reducir el absentismo laboral. Sin embargo, para que funcione, sería necesario contar tanto con la voluntad de los trabajadores como con la buena fe de los empresarios. Y en este último aspecto, las empresas han demostrado que saben cómo sortear la legislación a su favor.

Esto se ha visto especialmente tras la reforma laboral que entró en vigor en 2022. Esta reforma redujo el tiempo que un trabajador podía estar bajo un contrato temporal antes de que la empresa estuviera obligada a hacerlo indefinido. Sin embargo, los empresarios han encontrado una forma de esquivar esta obligación: en lugar de encadenar contratos temporales, dejan pasar un tiempo entre uno y otro para evitar llegar al límite que los obligaría a convertir el contrato en indefinido. Aunque esta práctica es legal, impide reducir la temporalidad laboral, y los datos demuestran que los objetivos de la reforma no se están cumpliendo como se esperaba. Es cierto que con la reforma se consiguió una reducción significativa de la temporalidad, alcanzando más de un millón y medio de contratos indefinidos, pero este "truco" de las empresas ha frenado la transformación de contratos, incluso comparado con el periodo previo a 2022.

En cuanto a los contratos indefinidos, las empresas también han encontrado maneras de ajustar sus plantillas sin aumentar los costos salariales. ¿Cómo lo hacen? Contratando a más trabajadores con salarios más bajos, lo cual resulta más rentable que mantener empleados con antigüedad y salarios más elevados. Para lograr esto, algunas empresas recurren de manera abusiva al artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el despido improcedente. Este artículo permite a los empresarios despedir empleados alegando motivos como el bajo rendimiento, que es un criterio subjetivo. Como resultado, se ha observado un aumento progresivo en los despidos improcedentes de trabajadores indefinidos, especialmente en los últimos dos años, tras la reforma laboral diseñada precisamente para reforzar la estabilidad de los contratos fijos.

Por otro lado, el registro de horas se implantó para evitar abusos laborales por parte de los empresarios, especialmente en lo que respecta a las horas extra. Sin embargo, ¿se está cumpliendo esta medida? El Gobierno pretende aprovechar la propuesta de reducción de la jornada laboral para endurecer los controles en este aspecto. El sistema de registro de horas, que obliga a fichar al entrar y salir del trabajo, fue concebido como un método para impedir que se realicen horas extra no remuneradas. No obstante, muchas empresas obligan a sus empleados a registrar solo su jornada normal (8 horas o el tiempo que sea), sin incluir las horas extra. Estas horas adicionales, en muchos casos, o se pagan en negro o no se pagan en absoluto.

En España, se siguen realizando 2,6 millones de horas extra a la semana, y un 2,3% de los trabajadores fichan sin que estas horas sean contabilizadas. Según los sindicatos, esta situación genera un beneficio de aproximadamente 3.000 euros al año para los empresarios, dinero que no se paga ni al trabajador, ni a Hacienda, ni a la Seguridad Social.

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