Un año después de las elecciones del 28M, el panorama político regional ha experimentado un giro significativo con la entrada del Partido Popular en el Gobierno de 11 comunidades autónomas, marcado por la normalización de pactos con la extrema derecha. De estas 11, seis han visto caras nuevas liderando, mientras que en todas ellas se ha materializado la presencia de VOX en cargos gubernamentales, imponiendo sus banderas ideológicas.
A pesar de la resistencia inicial de algunos líderes, como María Guardiola, quien expresó rotundamente su oposición a cualquier acuerdo con Vox, la realidad política ha demostrado lo contrario. En un giro inesperado, Guardiola, tras 10 días de resistencia, cedió a la presión política y aceptó la presencia de Vox en el Gobierno, otorgándoles incluso una consejería.
Sin embargo, la entrada de la extrema derecha en los Gobiernos regionales ha traído consigo consecuencias directas en políticas de igualdad y memoria histórica. La eliminación de consejerías de Igualdad en varias comunidades (Islas Baleares, Aragón y Extremadura), el cambio de terminología respecto a la violencia machista, en la Comunitat Valenciana lo llaman "violencia intrafamiliar" y la revisión de leyes de memoria histórica, en Aragón pasan a llamarlo "ley de concordia" y quieren hacerlo también en Extremadura, Castilla y León y en la Comunitat Valenciana.
En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, a Vox se les ha dado la consejería de Cultura y se ha generado controversia al eliminar el premio contra los delitos de odio 'Guillem Agulló', en memoria de un joven asesinado por un neonazi.
