El Mediterráneo es protagonista de una gran tragedia. Ya han fallecido más de 60 personas en el último naufragio en frente de las costas italianas, en Calabria. 14 eran menores de edad. Se ahogaron a tan solo 150 metros de la orilla. Y seguramente sean más los muertos porque en la embarcación, de la que ahora solo quedan astillas, viajaban casi 200 personas. Aún hay unos 60 desaparecidos. Desde que empezó la crisis de refugiados, unos 25.000 han perdido la vida y en lo que va de año 10.000 han llegado a Italia de esta manera.
Según las ONG en la zona, esa tragedia se podría haber evitado y la relacionan directamente con las políticas de la ultraderecha de Giorgia Meloni, que ahora gobierna Italia. El jueves pasado, el Senado aprobó un decreto que ata de pies y manos a los barcos de rescate. ¿Cómo? Primero, asignándoles puertos lejanos. De forma que, por ejemplo, cuando el Open Arms rescate un bote en el sur de Italia, no puede ya desembarcar en el puerto más cercano, sino que debe ir a puertos del centro o incluso norte del país. ¿El objetivo? Que pierda días con el viaje y no puedan rescatar a más migrantes.
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Segunda traba: los barcos deben ahora pedir asilo nada más realizar el rescate, sino, no les dejan desembarcar. ¿Conclusión? La misma. No pueden seguir rescatando. Tienen que ir a puerto aunque tengan capacidad para más personas. Y tercer obstáculo: sanciones desorbitadas a quienes incumplan estas normas. Multas de hasta 50.000 euros, inmovilización de barcos e incluso llegar a confiscarlos. El Gobierno italiano, de extrema derecha, quiere que se rescate al menor número de migrantes posible. Eso significa más naufragios, más muertes, más sufrimiento y menos humanidad.
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