Este martes, el Congreso de España se convirtió en el escenario de una controversia inesperada tras la aprobación, por parte de Junts y el PSOE, de una comisión de investigación que indagará en las teorías de conspiración en torno al atentado yihadista de 2017 en Las Ramblas de Barcelona. A pesar de que este ataque, que se llevó la vida de 16 personas y dejó a 140 heridos, fue objeto de una exhaustiva investigación y un juicio que culminó con condenas, los partidos políticos han decidido reabrir el debate, alimentando la especulación.

Desde la afirmación de que el imán de Ripoll sigue vivo hasta insinuaciones sobre la complicidad del Estado, las teorías han proliferado en los últimos años. Sin embargo, el contexto es claro: en 2021, tres años después del atentado, comenzó un juicio en el que más de 200 testigos comparecieron ante la Audiencia Nacional. Durante este proceso, se presentaron pruebas contundentes, incluidos vídeos de los atacantes preparando explosivos y testimonios escalofriantes sobre su ideología extremista.

Los acusados, que afirmaron en el juicio no tener intención de cometer actos criminales, no lograron convencer al tribunal. Sus declaraciones fueron desmentidas no solo por las pruebas presentadas, sino también por la posterior ratificación de las condenas por el Tribunal Supremo. Este alto tribunal avaló las investigaciones realizadas por los Mossos d'Esquadra y desestimó las teorías que insinuaban la participación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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El 'plan de los generales' tiene como objetivo forzar el éxodo de la población palestina del norte de Gaza y evitar su retorno bajo la premisa de que aquellos que no abandonen serán tratados como combatientes.