La letra pequeña de una ley de amnistía que reconoce la "tensión política, social e institucional"

El PSOE consolida lo que considera un paso de gigante hacia la convivencia registrando en solitario la ley de amnistía, que este lunes revela sus 23 páginas completas.

El texto, defendido por Bolaños, destaca más de 50 menciones a la Constitución y subraya el "interés general" como motor para su aprobación. A continuación, repasamos las seis claves de una ley que va a marcar la legislatura.

Exposición de motivos y constitucionalidad

Lo que generaba más dudas era la constitucionalidad de la ley de amnistía, tema abordado extensamente en la exposición de motivos. Se resalta que "la Constitución no prohíbe la institución jurídica de la amnistía" y que esta práctica "forma parte del pacto fundacional de la democracia española".

Objetivo de mejora y convivencia

Todo el preámbulo de la ley se esfuerza en explicar que no busca beneficiar a individuos concretos, sino que se promulga por el "interés general," buscando la mejora de la convivencia y la resolución de "conflictos políticos y sociales arraigados".

Tiempo de aplicación y conflictos independentistas

La ley sitúa el conflicto desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, abarcando diez años y once meses. Desde la consulta del 9N hasta las protestas de Tsunami Democràtic en 2019, todo entra bajo el paraguas de esta amnistía.

Ausencia de menciones a la 'lawfare' y "tensión institucional"

Contrariamente a las expectativas independentistas, el texto no hace menciones a la 'lawfare' ni critica la actuación jurídica de los últimos años. Se limita a hablar de "tensión institucional", distanciándose del relato propuesto por JxCat.

Alejamiento de la unilateralidad

El preámbulo rechaza la unilateralidad, subrayando que "todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional". Una afirmación clave que señala la necesidad de seguir las vías legales y normativas establecidas.

Participación y beneficiarios

La ley, aunque registrada por los socialistas, destaca que nace de un acto soberano de las Cortes Generales, no del Gobierno. Además, se estima que alrededor de 382 personas se beneficiarán, incluyendo 73 policías.

Esta cifra contrasta con la solicitud de 1.432 beneficiados por parte de la organización independentista Òmnium Cultural.

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