La Ley de Defensa Nacional de 2005, en el punto de mira: PP y Sumar exigen mayor control parlamentario

Este jueves, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo romperán su largo silencio de 15 meses sin contacto directo, en una reunión que se celebrará en Moncloa. Este encuentro, marcado por la falta de comunicación entre ambos líderes desde las elecciones generales de 2023, da inicio a la esperada ronda de conversaciones del presidente del Gobierno con los portavoces de los grupos parlamentarios para abordar el creciente tema del gasto en defensa. Sin embargo, las expectativas para la cita no son nada positivas.

El PP ya ha dejado claro su descontento, destacando que la reunión no cuenta con un orden del día formalizado, que la ubicación elegida no es la más conveniente y que solo dispondrán de media hora para tratar un tema de tal envergadura.

Poco después de la reunión con el líder popular, Pedro Sánchez se enfrentará a la siguiente cita en Moncloa: ERC. La última vez que los republicanos catalanes acudieron a la sede del Ejecutivo fue en pleno pico de la pandemia, cuando la mascarilla aún formaba parte obligatoria de la vestimenta. Aquel contexto, lejos de las discusiones actuales sobre la política de defensa, deja paso ahora a un nuevo enfrentamiento ideológico.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ya ha adelantado su posición, pidiendo la creación de un frente común de la izquierda contra el incremento del gasto en defensa, una postura que cuenta con el respaldo de otros actores de la izquierda como el BNG y Podemos, quienes también estarán presentes en la cita de mañana.

La polémica, sin embargo, no se detiene ahí. En una muestra de la creciente polarización política en España, la portavoz de Junts, que hace menos de dos meses arremetió contra el PSOE con epítetos como "trileros" y "prepotentes" y le instó a "mover el culo", será la tercera en entrar en Moncloa, ante la mirada expectante de un escenario marcado por la desconfianza.

Uno de los momentos más trascendentales de esta ronda de contactos será, sin duda, el encuentro con EH Bildu. Este será el primer contacto formal entre el Gobierno de Sánchez y el partido abertzale en la sede del Ejecutivo, lo que marca un antes y un después en las relaciones entre el PSOE y los partidos de la izquierda independentista. A pesar de que Bildu ha sido fundamental en la aprobación de leyes clave, como los presupuestos o la reforma de la Ley Mordaza, esta reunión nunca se había producido en Moncloa hasta ahora.

A lo largo de estos encuentros, uno de los elementos más destacados será la despedida de Aitor Esteban, portavoz del PNV, quien abandonará el Congreso para asumir la presidencia del partido, dejando paso a una nueva etapa en la política vasca. Con este cambio generacional, el PNV cierra esta ronda de citas, seguido por Coalición Canaria y UPN, los últimos grupos en ser recibidos por Sánchez.

Lo que subyace en todos estos encuentros, y especialmente en las conversaciones sobre el gasto en defensa, es un contexto en el que, paradójicamente, el presidente Sánchez podría no necesitar realmente la aprobación del Congreso para llevar a cabo su plan.

Según la Ley de Defensa Nacional de 2005, que fue aprobada bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, solo en contadas ocasiones, como en el caso de las misiones militares en el exterior que no estén directamente vinculadas con la defensa de España o su interés nacional, el Ejecutivo está obligado a solicitar la autorización del Congreso.

El PP ha sido uno de los grandes impulsores de una reforma para ampliar los casos en los que el Congreso debería aprobar las misiones militares y el envío de material de defensa, como ha sucedido con el armamento destinado a Ucrania en los últimos años. Esta propuesta busca que no solo las misiones externas, sino también los envíos de armamento a zonas en conflicto, como Ucrania, sean sometidos a un control parlamentario regular.

Además, se ha propuesto que estas decisiones se revisen periódicamente, con la intención de garantizar que las intervenciones se alineen con los intereses nacionales y la seguridad europea.

Por otro lado, Sumar, uno de los socios clave del Gobierno, ha apoyado de manera similar la necesidad de reformar la Ley de Defensa, en particular para aumentar el control del Congreso sobre el envío de tropas y material militar a conflictos fuera de las fronteras españolas. Esta postura fue claramente evidenciada en octubre de 2024, cuando Sumar se abstuvo en la votación de una propuesta del PP sobre el envío de tropas a Eslovaquia, en una maniobra que permitió el avance de la reforma de la Ley de Defensa.