Las leyes 'ómnibus' del Gobierno, el paraguas para colar todo tipo de medidas

El Gobierno ha vivido este miércoles una de sus jornadas más difíciles en el Parlamento, al ver rechazado un real decreto ómnibus que contenía varias de sus propuestas más esperadas, como la subida de las pensiones y la ampliación de las ayudas al transporte público. Desde el PSOE, las críticas no se han hecho esperar, y responsabilizan tanto al PP como a Junts de bloquear estas medidas clave para el Ejecutivo, haciendo hincapié en la falta de apoyo parlamentario y en la fragilidad de la actual mayoría de Gobierno. La derrota de esta jornada ha sacado a la luz la 'debilidad parlamentaria' del Ejecutivo en un Congreso donde, a pesar de tener un pacto con algunos socios, los apoyos son escasos y vulnerables.

El 'truco' del decreto ómnibus, utilizado en ocasiones anteriores como una herramienta de negociación legislativa, parece haber llegado a su fin. Este formato, que consiste en agrupar múltiples medidas, a menudo de naturaleza dispar, en un solo paquete de reformas, se ha convertido en una estrategia habitual para los Gobiernos en situaciones de dificultad política.

Sin embargo, este miércoles, el intento de aprobar un conjunto de reformas bajo el paraguas del decreto ómnibus no ha conseguido el respaldo necesario, y tanto partidos como el PP, Junts, PNV, Coalición Canaria, e incluso algunos aliados tradicionales, han hecho saber al Ejecutivo que se acabó la práctica de forzar un 'todo o nada' en la votación.

Este revés parlamentario recuerda a la batalla legislativa que el Gobierno ya libró hace justo un año, cuando utilizó un decreto ómnibus para introducir una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Civil, una de las medidas de calado de la legislatura. En esa ocasión, Junts advirtió de que la reforma podía poner en riesgo la amnistía, algo que generó un fuerte conflicto y forzó al Ejecutivo a negociar hasta el último minuto.

El resultado fue una victoria pírrica: Junts se ausentó de la votación clave, y la medida salió adelante, pero solo por la mínima. Este episodio dejó claro que el Ejecutivo no puede permitirse prescindir de los apoyos de estos partidos, pues cualquier decisión errada puede tener consecuencias fatales para sus planes legislativos.

Lo que hace aún más polémico el uso del decreto ómnibus es la naturaleza de las medidas que contiene. Al permitir que se voten reformas tan dispares como ayudas sociales, exenciones fiscales a grandes empresas o modificaciones en sectores clave como el transporte, el sistema judicial o los derechos laborales, el decreto convierte cada votación en una suerte de 'cóctel legislativo', en el que se arriesga el apoyo a una medida popular por la inclusión de otra menos atractiva.

Como ejemplo de esta estrategia, se puede recordar el megadecreto de 39 medidas aprobado justo antes de las últimas elecciones, que incluyó todo tipo de reformas, desde las ayudas al transporte público, hasta la regulación de los taxis y los VTC. Este tipo de fórmulas ha generado reacciones críticas de los sectores que se sienten atrapados entre medidas positivas y otras más controvertidas.

El decreto ómnibus no solo se ha utilizado como estrategia para aprobar reformas impopulares, sino también en contextos de urgencia. Esta táctica fue particularmente destacada durante la pandemia, cuando el Gobierno aprovechó la crisis sanitaria para introducir medidas urgentes, como la modificación de aspectos clave en el control del CNI o la vinculación de las pensiones al IPC, aunque muchas de estas reformas no tenían nada que ver con la situación de emergencia.

De hecho, en marzo de 2020, mientras el país lidiaba con el confinamiento y las consecuencias de la crisis del coronavirus, el Gobierno metió en el mismo paquete reformas muy diversas, algunas de las cuales no parecían tener relación alguna con la urgencia sanitaria. La estrategia, en ese momento, parecía haber funcionado, pues los diputados se vieron forzados a apoyar medidas como el ajuste de las pensiones bajo la presión de la situación.

Sin embargo, la fórmula ha llegado a su límite. En esta ocasión, el Gobierno ha intentado utilizar la misma táctica para aprobar un paquete de medidas sociales, entre las que se incluían tanto la subida de las pensiones como la extensión de las ayudas al transporte público, pero ha encontrado la resistencia firme de los partidos.