Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana acogerán el mayor número de menores no acompañados; Cataluña y Euskadi, las que menos

Este martes se ha llevado a cabo el reparto de los menores no acompañados que han solicitado ayuda en España, un proceso que ha desatado polémica entre el Gobierno y las comunidades autónomas. La clave de este reparto radica en una fórmula que asigna un menor por cada 2.500 habitantes, lo que ha provocado que algunas regiones reciban un mayor número de menores y otras, significativamente menos. En total, son 4.400 los menores que han solicitado asilo, y ya hay comunidades que advierten al Ejecutivo central que "no dan abasto" para acogerlos.

El Gobierno, consciente de las diferencias en la capacidad de acogida, ha pedido a las comunidades datos certificados y actualizados sobre su esfuerzo actual, ya que, según consideran, algunas regiones podrían estar "hinchando" las cifras. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por regularizar el proceso, ya han surgido las primeras tensiones, especialmente en las 11 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP), que han anunciado su rechazo al reparto tal como ha sido propuesto.

Desde Génova, la dirección del PP asegura que cumplirán con la ley, pero solo si el Gobierno proporciona los recursos económicos necesarios. Argumentan que muchos territorios, especialmente los más poblados, ya están saturados y no pueden asumir la acogida de más menores con las garantías que exige la ley.

El PP subraya que la distribución debe basarse en criterios más amplios, no solo en población, sino también en renta, paro y el esfuerzo previo realizado en la acogida de migrantes. De lo contrario, denuncian, la distribución sería injusta y poco realista.

En este contexto, las comunidades más pobladas y gobernadas por el PP son las que más menores recibirán. Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana se verán especialmente afectadas, con cifras que rondan los 800 menores en la primera, unos 500 en la segunda, y una cantidad similar en la tercera.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que llevará el decreto a los tribunales, argumentando que la región no puede asumir tal carga sin el respaldo económico adecuado. Andalucía, por su parte, ha exigido que se tengan en cuenta sus particularidades como comunidad fronteriza con Marruecos y su ya elevado nivel de presión migratoria.

En cambio, entre las comunidades que menos menores recibirán, se encuentran Cataluña y Euskadi, aunque por diferentes razones. Cataluña ha logrado una distribución favorable gracias al apoyo de Junts, que ha presionado para asegurar que la Generalitat no se vea perjudicada.

De hecho, el programa "prórroga asistencial" de la Generalitat, que ofrece tutela hasta los 23 años a algunos jóvenes, le ha permitido reducir la cantidad de menores a acoger en comparación con otras comunidades. Así, la Generalitat argumenta que no se trata solo de la población, sino del esfuerzo previo que se ha realizado, asegurando que tienen ya miles de jóvenes bajo su tutela.