El poder Judicial caducado quiere imponerse al poder Legislativo que los quiere renovar. Además, quiere hacerlo antes de que la nueva ley entre en vigor. Y al frente de la operación se encuentra un polémico magistrado. ¿Quién es el magistrado ponente de esta decisión trascendental?
Enrique Arnaldo es el encargado de decidir si admite o no a trámite el recurso que ha presentado el PP, con el que la formación pide paralizar de forma cautelarísima la reforma de Código Penal votada y aprobada en el Congreso y que incluye medidas para el desbloqueo del Poder Judicial.
"Descarado y obsceno". Así criticó el reparto de cuotas en el Poder Judicial por parte de los políticos, aunque años antes de que le tocara a él, puesto en el Tribunal Constitucional (TC) a propuesta Partido Popular.
Su nombramiento como magistrado del Constitucional no estuvo exento de polémica. Tomó posesión hace poco más de un año, a propuesta del PP, después de una agria votación en el Congreso. Varios grupos abandonaron la Cámara y sacó 11 votos menos de los esperados, entre ellos, el del socialista Odón Elorza, que se negó a votar, dijo, "con una pinza en la nariz".
Arnaldo había ejercido precisamente como letrado de la Cámara hasta 1986 y a partir de 2001, tras su paso por el CGPJ. Unos años, según el 'Periódico de España', en los que incumplió el estatuto del Congreso al elaborar recursos ante la Junta Electoral que el PP hizo suyos.
El polémico magistrado ha dejado clara su forma de pensar en más de 300 artículos de opinión. Ha cargado contra la eutanasia, la Ley de Memoria Histórica o la Ley del Aborto. Y víctima de su pluma Zapatero, un "busto parlante", según él, cuya legitimidad como presidente cuestionó por los atentados del 11-M.
Pero si por algo se puso en duda su idoneidad como miembro del Constitucional fue por su implicación en algunos de los casos de corrupción más escandalosos de nuestro país. Declaró como imputado en 2010, en el 'Caso Palma Arena'. El juez vio indicios de trato de favor en algunas adjudicaciones del Gobierno de Jaume Matas, aunque su caso quedó archivado por falta de pruebas.
Su nombre también aparecía en el sumario del 'Caso Lezo', en 2017, sobre el PP de Madrid. Conversaciones pinchadas por los investigadores y recogidas por la 'SER' en las que prometía a Ignacio González "un buen fiscal" para sus frentes judiciales.
Siempre negó haber militado en ningún partido o ser afiliado del PP, pero fueron muy frecuentes sus apariciones y sus ponencias en los foros de debate de la FAES, la fundación del expresidente José María Aznar.
De hecho, en solo cinco años, llegó a facturar casi un millón de euros en contratos de administraciones gobernadas por el Partido Popular. Y además fue abogado del consejero madrileño Enrique López, en 2014. Pero para él eso no cuenta. O al menos, no como amigos.
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