Un fallo sin precedentes
Más de 1.600 días de oscuridad: Europa exige a España solucionar la crisis energética en la Cañada Real (Madrid)
Los detalles El Comité Europeo de Derechos Sociales denuncia la vulneración de derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vivienda, y presiona al gobierno para que asuma responsabilidades ante la tragedia que afecta a 4.500 personas en Madrid.
Después de más de 1.600 días de oscuridad, Europa le ha dicho a España que basta. La situación en la Cañada Real, Madrid, ha alcanzado un punto insostenible: el Comité Europeo de Derechos Sociales ha fallado contra el país, señalando que su inacción vulnera derechos fundamentales de sus habitantes, como el derecho a una vivienda digna. Este fallo histórico marca un antes y un después en la relación entre energía y derechos sociales, sentando un precedente en el que se establece que los gobiernos no pueden delegar responsabilidades en empresas privadas.
El informe surge tras la denuncia de cinco organizaciones, que alertaron sobre la falta de medidas por parte de España para resolver la crisis energética en la Cañada Real, que afecta a unas 4.500 personas, de las cuales 1.800 son niños. La situación, marcada por la falta de electricidad desde octubre de 2020, ha generado graves consecuencias: sin calefacción, sin luz, sin nevera y sin servicios básicos.
Las autoridades españolas han argumentado que los enganches ilegales sobrecargaban el sistema eléctrico, pero Europa no ha aceptado este argumento. El Comité considera que España ha infringido al menos siete derechos de la Carta Social Europea, incluidos los derechos a la vivienda, a la protección social y económica, y la autonomía de niños y dependientes.
El informe denuncia las temperaturas extremas que enfrentan los residentes, tanto en verano como en invierno, poniendo en riesgo su salud. Además, el uso de fuentes alternativas de energía ha provocado enfermedades respiratorias, quemaduras, intoxicaciones e incluso muertes.
Aunque este fallo no es vinculante y no conlleva sanciones directas, pone una enorme presión sobre el gobierno español para que actúe de inmediato. A pesar de las protestas continuas de los vecinos y las medidas limitadas como la distribución de generadores y bombonas, Europa considera que las respuestas dadas hasta ahora son insuficientes. El plan de realojo hasta 2034 no convence, y la situación sigue siendo crítica.