Una investigación de medios internacionales y 'Público' ha sacado a la luz la realidad de los candidatos que se presentan a las elecciones del 9J: al menos 86 de ellos han cometido un delito o han estado envueltos en un escándalo a lo largo de su carrera.

Entre los señalados, figuran nombres destacados de la derecha y la extrema derecha europea, como el número dos del partido de ultraderecha de Eslovaquia, Milan Mazurek, que formó parte de un grupo en 2015 que lanzó piedras a una familia de Arabia Saudí que paseaba por el centro de Bratislava. El político de extrema derecha estaba participando de una manifestación contra la inmigración cuando se cruzaron con esa familia que paseaba con un bebé en un carrito. También ha sido condenado y expulsado del parlamento por sus insultos y difamaciones a la comunidad gitana y ha estado envuelto en polémicas por negar el holocausto y exaltar a Hitler.

Los escándalos o delitos de los candidatos son muy diversos, van desde declaraciones antisemitas hasta condenas por malversación de dinero público, por ejemplo, el cabeza de lista del partido de extrema derecha de Polonia -ultranacionalista y euroescéptico- ha sido encausado dos veces por acusaciones de corrupción.

De estos 80 candidatos con posibilidad de sentarse en la Eurocámara, hay algunos con varios escándalos a la vez. Uno de ellos, por estar envuelto en un caso de injerencia de China: el eurodiputado y candidato de la extrema derecha alemana, el mismo que dijo que no todos los que llevaron uniforme de la SS en la Segunda Guerra Mundial eran criminales. Hace un mes, registraron sus oficinas y detuvieron a su asistente acusado de pasar información a China sobre negociaciones del Parlamento Europeo. El candidato ultra alemán fue interrogado por la Policía.

Sin embargo, la problemática no se limita a un solo espectro político, ya que incluso algunos candidatos de izquierda están bajo escrutinio e incluso también hay, al menos, 11 españoles. Entre ellos se encuentra Toni Comín, exconseller de Puigdemont y prófugo de la justicia española tras el referéndum catalán del 1 de octubre.