La historia del reconocimiento del Estado Palestino por parte de España ha sido una montaña rusa de posturas políticas a lo largo de las últimas décadas. Desde la histórica reunión entre Adolfo Suárez y Yasser Arafat en 1979, hasta el anuncio de este miércoles de Pedro Sánchez, el país ha pasado por una serie de posturas cambiantes.
Suárez, pionero en el panorama europeo, se reunió con Arafat, marcando un hito en las relaciones entre España y Palestina. Felipe González, por su parte, defendió a Palestina a pesar de reconocer el estado de Israel. José María Aznar, en una curva de opinión, visitó Gaza en 1995 y abogó por el reconocimiento futuro del estado palestino, aunque en el año 2000 cambió de posición: "España y la UE reconocerán el estado palestino cuando se proclame".
José Luis Rodríguez Zapatero abogó por "un estado palestino viable y democrático", cinco años después reformó la ley orgánica del poder judicial para limitar la justicia universal en España, mientras se investigaba a militares israelíes por un ataque en Gaza.
Más Noticias
- La esposa de Keir Starmer recibe trajes financiados por un donante, ¿cómo se gestionan los gastos de imagen en otros países?
- La lucha entre Harris y Trump por el voto latino: un bloque que crece y representa el 15% del electorado
- Segundo atentado contra Trump en menos de dos meses, ¿cómo afectará a la campaña presidencial?
- La paradoja de la ley de vivienda: suben los precios y escasean los alquileres de larga duración
- Puerto Ayacucho, la región más aislada de Venezuela, donde Maduro detiene a dos españoles
Mariano Rajoy recibió al presidente palestino, Mahmoud Abbas, y aprobó, de forma casi unánime, una proposición del PSOE para reconocer a Palestina como Estado. Por último, Pedro Sánchez, en 2015, durante su campaña, afirmó que "cuando fuera presidente" reconocería el estado palestino, nueve años después, parece que va a llegar el día.
Hace un año
La paradoja de la ley de vivienda: suben los precios y escasean los alquileres de larga duración
A pesar de los esfuerzos del Gobierno, los precios de los alquileres continúan en ascenso y la oferta de viviendas para alquiler a largo plazo disminuye, mientras las comunidades autónomas enfrentan desafíos en la implantación de la ley.