¿Se ha intentado cambiar?

Pedir pruebas, citar testigos... lo que pueden conseguir los partidos al personarse como acusación popular

¿Qué implica? El 'caso Koldo' destaca cómo la acusación popular, exclusiva de España en la Unión Europea, se está utilizando con fines políticos. Partidos como PP, PSOE, Vox y otras asociaciones rivalizan por liderar esta figura.

El 'Caso Koldo' y sus ocho acusaciones populares

El juez que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha reunido este martes por la mañana a las ocho acusaciones populares personadas en la causa para recabar su opinión sobre cómo deberían organizar esa acusación. Ante el patente desacuerdo que se ha encontrado, ha dado un plazo de diez días para que se pongan de acuerdo, algo que parece complicado visto el plantel de asociaciones y partidos personados: PP, PSOE, Vox, Hazte Oir, Iustitia Europa, Manos Limpias, Liberum y Abogados Demócratas por Europa (Adade).

Esta batalla judicial se ha convertido en un enfrentamiento entre partidos y asociaciones, principalmente de ultraderecha, que luchan por liderar la acusación popular. El PP fue el primero en personarse en el caso, y aunque en principio tanto el PSOE como Vox han expresado su intención de actuar por separado, la posibilidad de una unificación parece lejana. En todo caso, los partidos y asociaciones involucradas se encuentran en posiciones opuestas, lo que dificulta aún más una solución.

¿Qué consiguen al personarse como acusación popular?

La figura de la acusación popular, única en la Unión Europea y que permite a partidos y asociaciones personarse en procesos judiciales sin ser parte perjudicada en el delito, ha sido utilizada en diversos casos de gran relevancia pública. Este instrumento ha sido eficaz en algunas ocasiones, pero cada vez más se emplea con fines políticos, como una estrategia para desgastar al rival, obtener información sensible o ganar visibilidad mediática.

Aunque la acusación popular ha sido útil en muchas causas, su uso se ha incrementado en procesos donde las intenciones extrajudiciales parecen primar sobre el interés por desentrañar la verdad. No es la primera vez que los partidos políticos se personan en causas contra el contrario para llevar a cabo una batalla política y mediática. El caso Gürtel, el 'procés' o la querella contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, son solo algunos ejemplos de cómo esta figura ha sido utilizada con fines más allá de lo estrictamente judicial.

¿Se ha intentado cambiar la ley?

El debate sobre la necesidad de reformar la ley que regula la acusación popular ha sido reabierto en varias ocasiones, especialmente por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), que ha señalado la necesidad de evitar abusos. A pesar de los intentos de reforma desde 2001, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) sigue sin cambios significativos.

Los tribunales, sin embargo, pueden imponer sanciones económicas cuando detectan que se utilizan estas acusaciones con fines extrajudiciales, pero esto no ha sido suficiente para frenar el auge de esta práctica en casos de alto impacto mediático.