Uno de los compromisos que Junts ha arrancado al Gobierno es sobre la balanza fiscal, lo que siempre quieren saber las comunidades autónomas: si ponen más dinero del que reciben. De hecho, de ahí viene el famoso "España nos roba". Ahora, hay trato, pero con truco, porque les darán todos los datos que quieren, pero para que ellos hagan sus cuentas.

Lo que quiere reivindicar Junts es lo que lleva años diciendo: que el reparto territorial les perjudica, que Cataluña tiene un balance fiscal negativo que les ahoga, que el Estado no invierte todo lo que debería en Cataluña y que existe un problema en la financiación autonómica.

¿Cuándo fue la ultima vez que se publicaron esos datos? La última balanza fiscal publicada por el Gobierno con sus propios datos es de 2014, con datos de 2011. A lo que se ha comprometido ahora el Ejecutivo, sin embargo, no es a publicar una nueva balanza fiscal, sino a dar los datos a las comunidades para que lo hagan ellas.

Según los datos de esa última balanza de 2014, Cataluña estaría entre las cuatro autonomías con un saldo fiscal negativo -que aporta más de lo que recibe al Estado- , por detrás de la Comunidad de Madrid y seguida de la Comunitat Valenciana y Baleares.

¿Por qué desde entonces el Gobierno no ha vuelto a publicar esos datos? Según indicaba este jueves la vicepresidenta María Jesús Motero en Al Rojo Vivo, porque no hay una metodología concreta para publicarlos de forma ecuánime y porque cada vez que se publican se producen fricciones entre las comunidades y se favorecen los reproches entre territorios.

El año pasado, a una senadora de Junts le dijo que no es que los catalanes sean más solidarios que andaluces o extremeños, sino que los datos lo que reflejan es que las comunidades más ricas son las que más aportan.

A pesar de no tener los datos del Gobierno, Cataluña sí ha hecho sus propios cálculos: en septiembre el Govern publicaba datos propios que situaban su déficit fiscal en 21.982 millones de euros en 2021 y 20.772 en 2020, pero los expertos aseguran que no es un dato justo porque no tiene en cuenta las inversiones que realiza el Gobierno en el extranjero y que acaban repercutiendo en Cataluña.