La crisis diplomática entre España y Venezuela ha escalado tras las duras declaraciones de Esteban González Pons, vicepresidente del Partido Popular Europeo, quien ha acusado al Gobierno español de estar implicado en un "golpe de Estado" en Venezuela. "Nuestro gobierno es cómplice de lo que ha sucedido en Venezuela. Es un colaborador, un cooperador necesario y una connivencia de España en un golpe de Estado en un país extranjero", afirmó Pons.
El Partido Popular ha intensificado su ofensiva contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, señalándolo como un aliado en la sombra del régimen de Nicolás Maduro. Mientras Génova dirige todos sus mensajes hacia esa línea, fue Pons el primero en verbalizar abiertamente la acusación de "golpe de Estado". Cuca Gamarra, secretaria general del PP, respaldó estas afirmaciones sin titubeos, fortaleciendo la postura del partido contra el gobierno.
No obstante, el panorama parece contradictorio. Mientras, Pons y Gamarra insisten en que el Gobierno español es un colaborador del régimen venezolano, desde Caracas, el propio Maduro acusa a España de estar orquestando una conspiración en su contra. Según el mandatario venezolano, España estaría alineada con un golpe de Estado que busca desestabilizar su gobierno, su supuesto plan que implicaría incluso la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) bajo órdenes de Estados Unidos.
Esta contradicción se ha convertido en un enigma político. El PP, por su parte, ha aprovechado la situación para lanzar nuevas exigencias. Alberto Núñez Feijóo, líder del partido, ha pedido la retirada inmediata del embajador español en Venezuela, la destitución del ministro de Exteriores, y explicaciones directas de Pedro Sánchez sobre su postura de su gobierno en el conflicto venezolano. "España no puede ser colaborador de un régimen dictatorial", afirmó Feijóo.
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Mientras tanto, desde el otro lado del Atlántico, el gobierno de España se enfrenta a acusaciones de parte del régimen de Maduro. Según el oficialismo venezolano, España ha ejercido un rol de oposición, supuestamente conspirando contra el gobierno bolivariano, lo que ha llevado a la detención de dos ciudadanos españoles y críticas hacia la ministra de Defensa, Margarita Robles, por presuntamente estar implicada en un complot internacional.
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