La máxima instancia judicial de España, el Tribunal Supremo, ha asumido de manera unánime la responsabilidad de investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont, situándolo en el epicentro del caso Tsunami Democratic. El tribunal lo acusa de promover acciones violentas, incluyendo el notorio asalto al aeropuerto de El Prat en 2019, elevando la causa a un nivel de gravedad sin precedentes al considerarlo liderazgo dentro de una organización terrorista.
Esta transferencia del caso desde la Audiencia Nacional al Supremo se debe a la implicación de dos figuras aforadas: Puigdemont y Wagensberg, lo que plantea interrogantes sobre el futuro judicial del proceso. Aunque la jueza del Supremo tiene ahora la batuta, el desenlace permanece incierto: el caso podría ser archivado sin más trámite o avanzar hacia etapas más complejas. La autorización del Parlamento Europeo es indispensable para proceder contra Puigdemont, lo que añade una capa adicional de complejidad y diplomacia al asunto.
La decisión del Tribunal Supremo no solo reaviva el debate sobre la legalidad y las consecuencias de las acciones de Tsunami Democratic, sino que también pone en suspense el tema de la amnistía. Con un plazo de siete días para que el Congreso reconsidere la ley de amnistía, el escenario político y judicial español se mantiene en vilo.
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