En los últimos doce meses, España ha sido testigo de un sombrío panorama en cuanto a la violencia de género: 58 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y se han reportado más de 2.300 violaciones. Cifras que superan los registros de los dos años anteriores. La magnitud de esta tragedia pone de manifiesto la urgencia de una red de apoyo eficaz para las víctimas, destacando la importancia del servicio de asistencia 016. Sin embargo, surge una preocupante realidad: el Gobierno ha rechazado tres de cada cuatro solicitudes de ayuda por delitos violentos o sexuales, excluyendo compensaciones por lesiones, incapacidad, invalidez o gastos terapéuticos, lo que plantea serias preguntas sobre el acceso a la justicia y el apoyo para las afectadas.
La denegación de estas ayudas esenciales se atribuye a varias razones: desde la insolvencia declarada del agresor hasta la incompatibilidad con otras indemnizaciones o la falta de pruebas suficientes de los daños sufridos. Para las víctimas, el camino hacia la apelación es arduo y, a menudo, infructuoso. A pesar de poder recurrir ante la comisión nacional de ayuda a víctimas de este tipo, la tasa de concesión desde 2020 es alarmantemente baja, con solo dos ayudas concedidas de 70 solicitudes. Alternativamente, las víctimas pueden optar por la vía administrativa, acudiendo a los tribunales, pero el panorama no es más alentador.
Además de la creciente tasa de rechazo, se observa un preocupante descenso en el número de víctimas que solicitan estas ayudas, con una reducción a casi la mitad en la última década. Este descenso coincide con un incremento en los delitos sexuales, siendo el más alto en los últimos siete años según el informe más reciente. Los motivos detrás de este fenómeno son diversos, incluyendo el desconocimiento sobre estas ayudas, el temor al juicio social y la desconfianza en el sistema, lo que desalienta a muchas víctimas a solicitar la indemnización que les corresponde.
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Ante esta crítica situación, se plantean varias soluciones para mejorar el sistema de ayudas a las víctimas de violencia de género. Entre ellas, se sugiere incrementar las cuantías de las ayudas, incluso en casos donde ya se ha recibido una indemnización por parte del agresor, gracias a la reciente ley del "Solo sí es sí". Además, se enfatiza la importancia de ofrecer información y formación adecuadas a las víctimas sobre sus derechos y sobre cómo acceder a estas ayudas. Finalmente, expertos proponen la creación de un órgano independiente que evalúe la concesión de ayudas, garantizando, así, que ninguna víctima quede desprotegida económicamente.
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