PSOE y Junts, un pacto con ecos ultras: vincula la migración con "identidad", "lengua" y "problemas de convivencia"

El PSOE y Junts han alcanzado un principio de acuerdo para transferir competencias en materia de migración a la Generalitat de Cataluña, un pacto que supone un cambio de paradigma en la gestión migratoria en España y que ambas partes interpretan de manera distinta.

Mientras que Junts lo celebra como el mayor traspaso de poder de la historia, asegurando que Cataluña ejercerá "funciones de Estado" propias de una nación, el Gobierno central insiste en que el titular de la competencia sigue siendo el Estado y que el acuerdo es "reversible".

Más allá de la disputa política, el contenido del pacto ha generado una fuerte polémica. La exposición de motivos introduce conceptos como "tradición", "identidad", "lengua" y "cultura", vinculando la migración con problemas de convivencia, un discurso que resuena en los planteamientos habituales de la ultraderecha europea. De hecho, el acuerdo podría ser asumido sin reparos por formaciones antiinmigración como Alianza Catalana o incluso por el Gobierno de Giorgia Meloni en Italia.

No es "deportación" de migrantes, sino "expulsión"

Uno de los puntos más controvertidos del acuerdo es que otorga a la Generalitat la capacidad de "expulsar" a ciertos migrantes sin necesidad de abrir un expediente administrativo. Junts ha conseguido que Cataluña pueda ordenar la salida de extranjeros en casos específicos, como los de reincidencia delictiva en infracciones menores.

Aunque el pacto evita términos como "deportación", la realidad es que concede a la Generalitat una capacidad que hasta ahora solo tenía el Estado, reforzando una narrativa de "mano dura" que suele abanderar la extrema derecha.

¿El catalán como requisito para la residencia?

Otro de los elementos en disputa es la posible exigencia del catalán como requisito para la regularización de migrantes. Aunque Junts ha expresado su voluntad de imponer esta condición, el acuerdo no lo menciona expresamente. Actualmente, la regulación del acceso a la documentación para los migrantes sigue en manos del Estado, por lo que la Generalitat aún no tiene capacidad para implementar esta medida.

No obstante, Junts ya trabaja en una futura norma que contemple la obligatoriedad del catalán en los procesos de regularización. Sin embargo, hay un obstáculo clave: el partido no gobierna actualmente en Cataluña, por lo que, aunque haya logrado este traspaso competencial, su ejecución dependerá de la voluntad del Ejecutivo autonómico.