La internacionalización de la ley de amnistía ha alcanzado un nuevo clímax con la inminente visita de la Comisión de Venecia a España, invitada por el Partido Popular en un movimiento que recoge el testigo previamente llevado por Junts. Este giro político trae a la península a siete miembros de esta entidad consultiva del Consejo de Europa, incluido su vicepresidente, con la misión de evaluar el reglamento de la polémica ley.
Aunque sus dictámenes no son de cumplimiento obligatorio, su influencia en las esferas europeas es innegable, lo que eleva las apuestas de su veredicto sobre la legislación española. En un despliegue que subraya la relevancia de su misión, la Comisión no solo se centrará en la letra de la ley, sino también en el pulso político del país, reuniéndose con figuras clave del panorama legislativo español.
Entre los confirmados están personajes prominentes de ambos espectros políticos, desde Tellado y Gamarra por el Partido Popular hasta Francisco Aranda por el PSOE, delineando un mapa de diálogo que, sin embargo, deja fuera a importantes actores como el secretario general del Congreso, Fernando Galindo. Este selectivo enfoque de interlocución plantea interrogantes sobre las dinámicas y estrategias detrás de las cortinas políticas.
Con la fecha límite del 15 de marzo para la publicación de su informe, la Comisión de Venecia se sitúa en el ojo del huracán político español. Este encuentro, marcado por la ausencia de voces críticas dentro del Congreso, no solo determinará el curso futuro de la ley de amnistía, sino que también podría redefinir las relaciones entre España y el entramado legislativo europeo.
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