Este lunes, la esperanza de 20 familias cántabras de recuperar los restos de sus seres queridos, víctimas del franquismo, se ha visto gravemente amenazada. La unión entre el PP y Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática ha dejado en el aire cuatro exhumaciones programadas. Con una tramitación de urgencia que reduce a la mitad los plazos legales, las familias enfrentan la incertidumbre de no poder recuperar jamás a sus seres queridos.
La derogación de leyes autonómicas de memoria se ha convertido en un acuerdo clave entre el PP y Vox, aunque ahora esos pactos están fracturados. Sin embargo, el PP continúa con su agenda, justificando la acción como un paso hacia "el bien de la convivencia". En Cantabria, esta propuesta proviene directamente del PP, reflejada en su programa electoral.
Mientras tanto, otras comunidades también están enfrentando situaciones similares. Aragón fue la primera en derogar su ley de memoria, pero esta derogación ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional. A pesar de esto, el líder del PP aragonés, Jorge Azcón, no muestra intención de revertir la decisión. En la Comunidad Valenciana, tras la aprobación de la Ley de Concordia, se ha paralizado la aplicación de la ley anterior, justo antes de que Vox rompiera su alianza con el PP.
En Castilla y León, la situación es igualmente incierta. La propuesta de ley de concordia presentada en marzo ha quedado en suspenso tras la salida de Vox del gobierno. Este miércoles, el presidente Mañueco debe decidir si sigue adelante con la tramitación o regresa a la ley de memoria aprobada por su partido.
Las familias cántabras, junto con muchas otras, ven cómo sus derechos a la memoria y la justicia se ven amenazados por decisiones políticas que parecen priorizar otros intereses sobre la verdad y la reconciliación.
