La reforma de la Ley de Extranjería no ha salido adelante debido a la oposición del Partido Popular (PP). ¿Qué ha impedido aprobarla? Durante la conferencia sectorial en Tenerife, el PP presentó seis puntos clave que consideraban esenciales para su apoyo a la reforma. En la mañana de este martes, antes del debate en el Congreso, el PP reducía a cuatro sus exigencias imprescindibles a cambio de su sí.
Los 'populares' han pedido: una Conferencia de Presidentes inmediata para tratar el problema migratorio, la creación de un fondo de contingencia plurianual para las comunidades autónomas, que en caso de que una comunidad se vea sobrepasada sea el Gobierno el responsable de dotarla de más medios y la declaración de emergencia migratoria a nivel nacional.
En cuanto a las concesiones, el PP estaba dispuesto a negociar en dos áreas. No obstante, el principal conflicto radica en la negativa de los 'populares' a reformar el artículo 35 para obligar a las comunidades a acoger a los menores migrantes, así como en la disposición de responsabilidades en el proceso de traslado.
El Gobierno había propuesto una reforma que contemplaba traslados de menores en menos de dos semanas, aunque sin verificar previamente su edad, y que las comunidades de destino asumirían la responsabilidad. El PP, sin embargo, exige garantías de que los menores trasladados sean efectivamente menores y una distribución equitativa entre todas las comunidades, temiendo una posible exclusión de Cataluña debido a compromisos previos con Junts.
La negativa del PP a colaborar con la creación de un grupo de trabajo para evaluar la capacidad real de cada comunidad también ha sido un obstáculo significativo.
¿Hay un 'plan B'? Sin el apoyo del PP, el Gobierno se ve imposibilitado de tramitar la ley como decreto-ley, lo que complica aún más la situación. Con la llegada prevista de un mayor número de menores a Canarias en agosto, la crisis migratoria en el archipiélago podría intensificarse, como advirtió el presidente canario.
¿Cómo es?
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