Tras casi dos semanas de silencio, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha salido a la luz para abordar su implicación en el 'caso Koldo'. En un intento por preservar "el buen nombre de la institución", Armengol ha subrayado la honorabilidad de su conducta y la de su gobierno durante la gestión de la crisis, afirmando que "todo se hizo de forma escrupulosamente legal". La defensa de su integridad era el objetivo principal de su comparecencia, en la que buscaba responder a las acusaciones que la han mantenido en el foco de la polémica.
No obstante, las explicaciones ofrecidas por Armengol no han logrado disipar completamente las dudas, especialmente en lo que respecta a la tardanza de tres años para reclamar a la empresa suministradora de las mascarillas fake, una cuestión que sigue generando interrogantes. Armengol se justificó mencionando el contexto de colapso en la administración sanitaria de aquel momento, asegurando que, a pesar de las dificultades, los plazos legales para realizar dicha reclamación se cumplieron.
La presidenta del Congreso también ha dirigido críticas hacia el actual gobierno balear, liderado por el PP, acusándolo de no continuar con la reclamación iniciada durante su gestión. Armengol ha negado cualquier vínculo personal o de su gobierno con la trama investigada, destacando que el contrato bajo sospecha fue uno de los muchos firmados en un momento crítico y bajo estrictas medidas de legalidad.
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La confrontación política alcanza nuevos niveles con las declaraciones de Armengol, quien acusa al PP de cruzar "todas las líneas rojas" al pedir su dimisión. La presidenta se mantiene firme en su posición, declarándose víctima de una situación que considera injustamente politizada. Su negativa a dimitir se sostiene en la convicción de haber actuado correctamente.
