En 2019, el Tribunal Internacional de Justicia tuvo su último gran caso cuando Gambia presentó una demanda contra Birmania por violar la Convención sobre Genocidio, acusándola de cometer crímenes contra la minoría musulmana Rohinyá.
Dos años antes, el ejército de Birmania, país de mayoría budista, llevó a cabo una brutal persecución contra rohinyá en respuesta a un ataque insurgente, dejando a 25.000 personas muertas y 800.000 desplazadas hacia Bangladesh. La ONU documentó asesinatos, violaciones y quema de poblados y lo calificó como "limpieza étnica".
Gambia recibió un amplio apoyo internacional, incluyendo 57 países de la Organización para la Cooperación Islámica, así como Holanda y Alemania, quienes consideraron que el caso era de relevancia global.
Meses después llegó el juicio, en el que la que fuera líder de facto del país defendió al ejército de Birmania. Dijo que quizá se habían excedido en el uso de la fuerza, pero que era fruto de confundir a civiles con terroristas en un conflicto interno del país.
A pesar de que la intromisión de los jueces internacionales solo empeorara las cosas, el Tribunal ordenó a Birmania tomar medidas para prevenir más sufrimiento a los rohinyá y preservar la evidencia.
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Este caso marcó la primera vez que un país sin relación directa con los hechos denunciaba a otro ante el Tribunal Internacional de Justicia, un precedente que Sudáfrica ha seguido recientemente al presentar una demanda contra Israel. A día de hoy, el caso del genocidio rohinyá aún no tiene una sentencia definitiva, dejando pendiente la búsqueda de justicia para las víctimas.
