Los datos
¿Por qué se ha ido modificando el mínimo exento de las retenciones del IRPF y la obligación de declarar?
El objetivo Desde 1978, los umbrales del IRPF se ajustan al salario mínimo para proteger a los ingresos bajos, buscando que quienes ganan menos paguen menos impuestos.
Por primera vez, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) incluirá, para algunos trabajadores, el pago del IRPF. A partir de 2025, el SMI será de 1.184 euros brutos al mes, en 14 pagas, lo que equivale a un monto anual de 16.576 euros.
En medio de la polémica sobre esta subida, ha surgido una propuesta: que todos los trabajadores tributen, eliminando las exenciones. Pero, ¿desde cuándo existen esas exenciones?
Desde la creación del IRPF en 1978, siempre ha existido un mínimo exento de retenciones en la nómina. Esto significaba que aquellos que ganaban solo esa cantidad no tenían que presentar la declaración de la renta. En sus primeros años, ese mínimo era de 299.999 pesetas por familia, lo que se traduce en 1.800 euros anuales.
Desde entonces, este umbral ha ido ajustándose, pero siempre se ha buscado que los ingresos más bajos no se vean reducidos por retenciones fiscales. El objetivo era que las personas con menos ingresos, quienes menos podían aportar, pagaran menos impuestos, lo que se conoce como progresividad fiscal.
En la actualidad, el mínimo exento de retenciones es el total del salario mínimo, es decir, 15.876 euros anuales (o 22.000 euros en algunos casos, dependiendo de los pagadores). Esto significa que quienes ganan esta cantidad o menos no tienen que tributar ni presentar la declaración.
El debate actual: ¿debería todo el mundo tributar?
El actual debate fiscal propone que todos los trabajadores, sin importar su salario, deberían tributar y estar obligados a presentar la declaración de la renta. Los defensores de esta propuesta argumentan que todos los ciudadanos deben colaborar con el sistema tributario, aunque sea de manera proporcional a sus ingresos.
Por otro lado, algunos defienden que los trabajadores que perciben el salario mínimo, que ahora representa el 60% del salario medio, ya no son tan vulnerables como antes y, por tanto, deberían contribuir al sistema fiscal.
Sin embargo, este argumento ignora que la brecha entre el salario mínimo y el salario medio sigue siendo considerable, y que muchos trabajadores que perciben el SMI dependen de esos ingresos de forma inmediata. La posibilidad de perder acceso a ayudas complementarias a raíz de la subida salarial también agrava la situación.