En un escenario donde Junts se opone, la rebaja del IVA en alimentos, que actualmente beneficia a productos de primera necesidad como el pan, la leche o los huevos, desaparecería. Asimismo, las ayudas al transporte público, incluyendo la gratuidad en los servicios de Renfe Media Distancia y Cercanías, se esfumarían, afectando directamente a los bolsillos de los ciudadanos.
La lucha contra la crisis energética también se vería afectada. La pérdida del 10% de IVA en lugar del 21% habitual, destinado al escudo social, significaría la desaparición del bono social, la prohibición de cortar suministros por impago y la suspensión de desahucios hasta 2025. Un duro golpe para los más vulnerables.
El juego político en el Congreso pone en riesgo la recepción de 10 mil millones de euros, el cuarto desembolso de los fondos europeos. La ratificación del decreto ómnibus, crucial para este desembolso, se ve amenazada por la discrepancia con Junts, que choca con modificaciones propuestas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Un dilema que podría tener repercusiones significativas en el futuro económico del país.
Tras la declaración de Aldama
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