En julio de 2019 Pere Aragonés tenía pinchado el teléfono por el Centro Nacional de Inteligencia. Los servicios secretos creían que él dirigía a los CDR y los pinchazos duraron, según hemos sabido, al menos, hasta enero de 2020.
Entonces Aragonès era vicepresident de la Generalitat de Calatunya y el president era Quim Torra. En aquel verano de 2019, los partidos nacionalistas se reunían para decidir qué hacían con la investidura de Pedro Sánchez.
Aragonés defendía diálogo y referéndum: "Hay que empezar a encauzar este conflicto político mediante la política, que requiere diálogo y negociación"
¿Y él estaba con los CDR? Las discrepancias entre Junts y ERC aumentaron precisamente por la detención de varios de sus miembros. El Parlament de Catalunya condenó esas detenciones y mientras Torra gritaba "libertad", Aragonès marcaba distancia.
Lo mismo ocurrió con la sentencia del procés. Aragonés, vicepresident, condenó inmediatamente cualquier tipo de violencia: "No nos expliquen más la historia de la violencia, la hemos condenado reiteradamente. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones; en nuestro nombre, no".
En noviembre de 2019, elecciones, y él todavía espiado por el CNI. En aquel momento, Sánchez volvía a necesitar a ERC para la primera coalición y Junts defendía la confrontación.
Aragonés pidió a Sánchez dialogar, quería una mesa de negociación y la consiguió. Sánchez logró su abstención, suficiente para ser presidente.
Tres más
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¿Qué pasó? La muerte violenta del exalcalde de Gandía recuerda a trágicos casos como los de Javier Ardines, Isabel Carrasco y Miguel Grima, donde la política y las venganzas personales se cruzan en actos de extrema violencia.