El Gobierno está en camino de cumplir una de las principales demandas de los partidos abertzales: que los presos de ETA que cumplieron parte de su condena en cárceles extranjeras, principalmente en Francia, puedan ver conmutados esos años en el cómputo de sus penas en España. Una reciente reforma judicial, aprobada por unanimidad en el Congreso el pasado 18 de septiembre, facilitará que 44 etarras se beneficien de esta medida, de los cuales siete podrían ser excarcelados en los próximos meses. La votación incluyó los votos a favor de Partido Popular y Vox, aunque ambos partidos alegaron posteriormente que no se percataron del alcance de la medida y, en el caso de Vox, incluso han pedido disculpas por su apoyo.

La reforma, que modifica la Ley Orgánica 7/2014 sobre el intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea, responde a una directiva europea que exige la homologación de penas cumplidas en otros países comunitarios. Sin embargo, la aplicación de esta norma beneficia directamente a históricos miembros de ETA como Txapote, Gadafi y Amboto, lo que ha generado polémica entre las fuerzas políticas y víctimas del terrorismo.

Actualmente, de los 158 presos de ETA que permanecen en prisión, todos se encuentran en cárceles de España. Ninguno está recluido en el extranjero. La mayoría de ellos, 133, están en cárceles vascas (Basauri, Zaballa y Martutene), y otros seis en Navarra, en la prisión de Pamplona. Además, 41 presos más cumplen condena en el País Vasco en centros no especificados. Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias en 2021, se ha concedido el tercer grado a 68 etarras, y todos los presos han sido trasladados a Euskadi y Navarra, completando el acercamiento de presos acordado en 2023.

Esta medida, junto con el acercamiento de los presos de ETA a prisiones vascas y navarras, que comenzó en 2018 y culminó en marzo de 2023 con un total de 382 traslados, representa la satisfacción de otra de las históricas reivindicaciones del entorno abertzale.

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