¿Quién tiene el 'mando' del CECOPI? En el nivel 2 de alerta, Salomé Pradas; en el nivel 3, Carlos Mazón

Tras la reciente tragedia en Valencia, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, defendió su decisión de no intervenir directamente en la gestión de la emergencia desde el CECOPI (Centro de Coordinación de Emergencias). Durante su intervención este lunes, Mazón aseguró que el equipo presente en el CECOPI estaba completamente capacitado para llevar a cabo la operación sin necesidad de su presencia.

¿Por qué Mazón dice que sin él el CECOPI ya era válido? Porque la persona que manda en todo el operativo, desde bomberos a militares, de ministros a alcaldes, es la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Cuando la alerta alcanzó el nivel 2, tal como lo establece la ley, en este nivel, la consejera tiene la responsabilidad de coordinar la respuesta, y solo si la alerta se eleva a nivel 3, Mazón tomaría el control.

¿Por qué no se elevó el nivel de alerta?

Las declaraciones de Mazón han suscitado interrogantes, particularmente sobre la razón por la cual no se elevó el nivel de alerta a 3. Diversas especulaciones apuntan a que Mazón pudo haber considerado innecesario declarar una emergencia catastrófica o que no percibió urgencia en aumentar la alerta.

También se ha sugerido que Mazón confía plenamente en la capacidad de la consejera Pradas para gestionar la crisis, a pesar de que, según se informó, ella desconocía en un primer momento que podía enviar alertas a los móviles.

Otra posibilidad es que la decisión de mantener a Pradas al mando busque que ella asuma las críticas y responsabilidades políticas, mediáticas y ciudadanas derivadas de la tragedia, incluidas posibles dimisiones.

¿Puede haber consecuencias legales?

En cuanto a posibles repercusiones legales, tanto Mazón como Pradas podrían enfrentarse a acusaciones de negligencia por omisión. Sin embargo, demostrar negligencia en la gestión de una emergencia de esta magnitud sería complicado.

Para que se dictara una condena, sería necesario probar que los responsables contaban con la información necesaria y no actuaron adecuadamente, lo que podría derivar en cargos como homicidio imprudente. No obstante, el camino hacia una condena penal parece ser complicado debido a las dificultades inherentes a probar una omisión de responsabilidad en este tipo de situaciones.

Aunque las posibilidades de una condena penal parecen bajas, la consejera Pradas podría ser la más afectada, dado que estaba al mando del operativo en el momento de la emergencia. Si se demostrara que una omisión en sus decisiones fue determinante para la tragedia, podría enfrentarse a cargos de negligencia.

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