¿Qué pasó?
Radiografía del caso Baúl, la red de prostitución infantil en Murcia: qué ocurrió, quiénes son responsables y por qué siguen impunes
Diez años después Este viernes, laSexta Columna analiza cómo un sistema judicial saturado y acuerdos polémicos dejaron sin justicia a las víctimas de uno de los escándalos más indignantes en la Región de Murcia.
Este viernes, laSexta Columna hablará de uno de los casos más escalofriantes de la última década en España. El Caso Baúl, ocurrido hace diez años en la Región de Murcia, se remonta a 2014 y destapó una red de prostitución que involucraba a menores, muchas de ellas de tan solo 14 años. El caso, que parecía un guion sacado de una película de terror, es la dura y vergonzosa realidad de lo que sucedió en una ciudad española.
La historia comenzó cuando un padre denunció la desaparición de su hija, una menor de edad que llevaba varios días sin regresar a su hogar. La investigación policial reveló una desgarradora trama: la niña había sido captada por una red de prostitución, junto con otras menores en la misma situación. Las jóvenes eran reclutadas a las puertas de sus colegios o en discotecas para menores, en un escenario que muchos nunca hubieran imaginado en su comunidad.
Lo que hace aún más atroz esta historia es que los clientes de estas menores no eran individuos oscuros o desconocidos, sino hombres poderosos, respetados en la sociedad: empresarios de éxito, abogados, incluso un guardia civil jubilado. Pero quizás lo más asombroso de todo es la figura de Juan Martínez, un enterrador de Alhama de Murcia. A pesar de ser imputado por su participación en el escándalo, decenas de vecinos se movilizaron en su apoyo, organizando manifestaciones para exigir su restitución en el puesto de sepulturero, algo que, finalmente, no ocurrió.
Sin embargo, lo que más ha indignado a la sociedad es que ninguno de los acusados de pagar por sexo con menores ha ido a la cárcel. El caso Baúl ha permanecido estancado en los juzgados debido a la falta de medios y la sobrecarga del sistema judicial. Además, los acusados han recurrido constantemente el proceso, lo que ha prolongado la resolución del caso.
Finalmente, la fiscalía pactó con ellos: los acusados reconocieron los hechos a cambio de reducciones en sus condenas, mientras que las víctimas, las menores afectadas, recibieron indemnizaciones irrisorias.