Un 4 de octubre de 2016, hace ya ocho años, arrancó el marcrojuicio por la 'Época I' de Gürtel, una trama de corrupción que vinculaba al Partido Popular (PP) con el cobro de mordidas a cambio de adjudicar contratos a dedo. Este juicio cambió la historia de España.
En el banquillo se sentaron 37 empresarios antiguos cargos del PP, a quienes la fiscalía pedía un total de 732 años de cárcel. Estaban acusados de delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo y prevaricación, debido a la adjudicación irregular de contratos públicos.
El líder de la trama, Francisco Correa, fue el primero en revelar detalles. Reconoció haber amañado contratos y beneficiar a empresas que luego colaboraban con el partido. Según Correa, él llevaba el dinero de las mordidas a la sede del PP en Génova y, en ocasiones, directamente a la casa de Luis Bárcenas. Una vez allí, acordaban juntos las comisiones a repartir entre los altos cargos de las administraciones públicas que habían facilitado la adjudicación de los contratos. Correa y Bárcenas cobraban comisiones del 2% y 3% a los empresarios beneficiados.
Cuatro días después, Correa también reveló que tenía una tarjeta especial para acceder a Génova, igual que los miembros de la ejecutiva del PP. Los problemas se acumulaban para Bárcenas, quien vio cómo Suiza autorizó al tribunal de la Gürtel a utilizar sus datos bancarios en el juicio.
A finales de octubre, entró en escena Álvaro Pérez Alonso, conocido como 'El Bigotes', considerado como el cabecilla de la trama en Valencia. Él dejó claro: "Soy defensor del taco". 'El Bigotes' negó haber realizado regalos a la exministra Ana Mato.
En la contabilidad B de Corre había anotaciones sobre pagos a Luis, 'El Cabrón'. Isabel Jordán, gestora de las empresas de Correa, confirmó que se refería a Luis Bárcenas.
Con todas las miradas apuntando a Bárcenas, el extesorero admitió a inicios de 2017 que el PP tenía una "contabilidad extracontable". Reconoció que había una caja B en el PP y que el dinero que tenía en Suiza no lo había declarado, ya que lo consideraba un fondo de pensiones.
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La confesión de Correa fue clave para que el PP como organización política fuera condenado como "responsable a título lucrativo". Pedro Sánchez utilizó esta condena para presentar una moción de censura, argumentando que Rajoy no podía seguir en la Moncloa por ser el máximo responsable de una organización declarada parte de un sistema de corrupción institucional. Sánchez ganó la moción de censura y Rajoy se retiró de la política.
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