El 3 de marzo de 1977, cinco obreros murieron en Vitoria. Un año después, durante los san fermines, la policía disparó contra la gente en la plaza de toros de Pamplona. Hoy, 45 años después, el ministro franquista Rodolfo Martín Villa, aquel a quien bautizaron como "la porra de la Transicion": "Yo pude ser el responsable político y también incluso el responsable penal de aquellas muertes. Incluso hubiera sido posible que yo, en un rapto de locura, hubiera podido ser el autor material".

¿Quién es -o quién era, mejor dicho- Martín Villa? Fue uno de los muchos altos cargos de Franco que amanecieron demócratas -de un día para otro- al comenzar la decadencia del dictador. Porque su etapa política comienza con el dictador al mando; con varios cargos de relevancia, como un jovencísimo jefe nacional del Sindicato Español Universitario. También fue secretario general de la Organización Sindical o, con solo 40 años, gobernador civil de Barcelona.

Fallecido el dictador, Martín Villa fue nombrado ministro de Relaciones Sindicales en el primer Gobierno de la Transición. Pero si por algo pasará a la historia, muy a su pesar, es por su papel como ministro del Interior; por la dureza con la que las fuerzas de seguridad, a su mando, reprimían las miles de manifestaciones sindicales del momento. Cinco muertos se registraron en los Sucesos de Vitoria, durante el desalojo policial de una asamblea de trabajadores, y otro más en la masacre de los Sanfermines de 1978 por exhibir una pancarta proamnistía.

"No os importe matar", fue la orden de Interior a los agentes. Nunca le ha gustado que le recuerden su responsabilidad. Martín Villa volvió al Gobierno en 1980, primero como ministro y posteriormente como vicepresidente, con Calvo-Sotelo. Tras el hundimiento de la UCD, da el salto al PP con un perfil político mucho más bajo. Desde entonces, populares y socialistas, todos los expresidentes del Gobierno -salvo Pedro Sánchez- han elogiado su papel. Entre ellos, Felipe González, que calificó de "respetusoso" su comportamiento.

De la política saltó al mundo empresarial gracias al entonces presidente José María Aznar. Entregó su acta para presidir Endesa, que acabó privatizando. Lo que no esperaba es que una jueza argentina resucitara sus fantasmas del pasado 40 años después. En la llamada "querella argentina", la magistrada Maria Servini ordenaba su detención por genocidio y crímenes de lesa humanidad, por las muertes de aquellos trabajadores en los 70.

Declaró en 2020, pero la Justicia ha rechazado procesarlo por falta de pruebas directas. Sigue imputado hasta hoy, según él, como inocente. "A todas las policías se les escapa algo a todos los gobiernos. Creo que en mi caso también se me escaparon, pero poco", llegó a decir.

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Según el Ministerio de Trabajo

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