Este miércoles se espera que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparezca en el Senado para presentar un nuevo proyecto de reforma de la financiación autonómica, que ha sido calificado como un 'cambio de paradigma' en lugar de una mera reforma del sistema actual. Esta nueva propuesta introduce conceptos clave.

Uno de los términos que dominará el debate es el "principio de ordinalidad", que asegura que el orden de las comunidades autónomas en función de su capacidad de recaudación se mantendrá igual en el reparto de fondos. En otras palabras, ninguna región con baja capacidad de recaudación adelantará a las que tienen mayor capacidad en el reparto de financiación.

Otro aspecto fundamental es la singularidad y singularidades en la financiación. En singular, el proyecto propone un sistema de financiación especial para Cataluña, diferenciándose del resto de las comunidades. En plural, se tendrán en cuenta variables como la densidad poblacional, la extensión territorial y la geografía complicada para determinar las necesidades económicas de cada autonomía.

En contraste, el PSOE ha mezclado financiación y fiscalidad, especialmente en relación con territorios como Teruel, Cuenca, Soria, Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias, que cuentan con impuestos específicos para fijar población. Este enfoque es distinto al que se plantea para Cataluña, donde se ha propuesto un sistema de financiación en el que Cataluña recaudaría impuestos, aportaría una parte al Estado y retendría el resto.

El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, conocido como fondo de nivelación, también será central en la discusión. Este fondo de aproximadamente 100.000 millones de euros se reparte entre las autonomías para garantizar la financiación de servicios esenciales como sanidad y educación. La manera en que se ajustará este fondo en caso de que se apruebe el sistema especial para Cataluña es una cuestión aún por resolver.

Finalmente, se debatirá el cupo o coste de servicios, es decir, la cantidad que Cataluña tendría que aportar al Estado por los servicios que este presta y que no cubre la comunidad autónoma, como la política exterior o la defensa. La negociación de este aspecto será crucial para definir el nuevo marco de financiación.

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