Sin soldados en el frente: Rusia y Ucrania recurren a mercenarios internacionales para 'ganar' la guerra

Rusia y Ucrania tienen problemas para encontrar reclutas en su país. Se han llegado a encontrar identificaciones de mercenarios extranjeros en la región ucraniana de Kursk, que incluyen ciudadanos de Guinea, Gambia y hasta un ciudadano de Sri Lanka.

Estos mercenarios son necesarios porque Ucrania se ha quedado sin jóvenes dispuestos a luchar. Muchos ucranianos que permanecen en el país buscan maneras de evitar el reclutamiento, incluso falsificando certificados de discapacidad para eludir el servicio militar.

Hace unos meses, Rusia estimó que más de 13.000 mercenarios estaban combatiendo del lado ucraniano, y según sus informes, la mitad de ellos habría muerto. La mayoría de estos mercenarios, según la versión rusa, serían polacos (alrededor de 3.000). Además, al menos 1.000 georgianos, canadienses, británicos y estadounidenses también han tomado las armas en defensa de Ucrania. Aunque no hay cifras exactas de cuántos mercenarios españoles han luchado en Ucrania en los últimos dos años, se confirma que al menos dos han perdido la vida.

Ucrania ofrece entre 3.000 y 4.000 euros al mes a cada mercenario. En caso de resultar herido, un mercenario puede recibir hasta 26.000 euros, y si muere, sus familiares recibirán 37.000 euros.

En Rusia, la contratación de mercenarios se lleva a cabo de manera diferente. Los oligarcas rusos, en busca de favorecer al Kremlin, ponen a disposición de Putin sus ejércitos privados. Actualmente, uno de los grupos más destacados es el Grupo Patriot, que ofrece 5.600 euros al mes por combatir, aunque no indemniza en caso de lesiones. Los mercenarios que luchan por Rusia provienen mayoritariamente de Alemania, Hungría, Bielorrusia y Armenia. Además, países como Nepal y Serbia han solicitado formalmente a Rusia que deje de reclutar a sus ciudadanos para esta guerra.

Más allá del dinero, muchos de estos soldados buscan obtener la nacionalidad rusa, ya que Putin aprobó hace unos meses una ley que concede la nacionalidad tras seis meses de servicio en el frente.

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